La magistrada María Tardón ha citado a declarar como investigado el próximo 18 de noviembre al exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, en el procedimiento judicial que trata de esclarecer la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos los días 30 y 31 de julio. Se trata de la primera imputación acordada desde que se abrió la causa el pasado mes de septiembre.

Pérez, que abandonó el cargo el 28 de septiembre, tendrá que responder ante la jueza después de que el Gobierno haya autorizado la desclasificación de los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relacionados con aquellos acontecimientos. La magistrada también ha acordado citar a declarar a dos integrantes de este organismo.

La investigación busca determinar qué información manejaban las autoridades españolas antes de la llegada masiva de migrantes y si se trasladaron correctamente las advertencias recibidas. En este sentido, uno de los testimonios relevantes ha sido el de Gonzalo Sanz, antiguo jefe de gabinete del exdelegado, quien aseguró que comunicó verbalmente a su superior los avisos que había recibido de un miembro del CNI el 29 de julio, un día antes de los hechos.

Sanz también señaló la existencia de 19 mensajes y una conversación que estaban pendientes de desclasificación.

En un auto de 11 páginas, la jueza ha aceptado la inhibición de las diligencias que se tramitaban en la Plaza 6 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta y ha ordenado nuevas actuaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon los acontecimientos.

Entre las diligencias acordadas figura un requerimiento a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional para que remita un informe sobre las incidencias, análisis, investigaciones y documentos de inteligencia relacionados con posibles anomalías en las comunicaciones operativas entre el 28 de julio y el 5 de agosto.

La magistrada considera que las circunstancias investigadas podrían ser «compatibles con actuaciones coordinadas dirigidas a perturbar la capacidad de comunicación, coordinación o respuesta de los servicios públicos españoles».

También ha solicitado al Centro de Operaciones de Servicio (COS) de la Guardia Civil de Ceuta las grabaciones de todas las llamadas recibidas entre las 00.01 horas del 30 de julio y las 23.59 horas del 31 de julio.

La finalidad de estas comprobaciones es determinar si los problemas detectados en las comunicaciones de los cuerpos de seguridad respondieron a dificultades técnicas habituales, como la saturación de las redes, o si pudieron tener un origen deliberado.

«Si efectivamente se hubiera producido una degradación grave y prolongada de tales capacidades, resultaría imprescindible determinar si dicha circunstancia obedeció únicamente a causas técnicas ordinarias derivadas de la saturación de las redes o, por el contrario, si pudo existir algún tipo de actuación deliberada dirigida a perturbar el normal funcionamiento de tales sistemas», recoge la resolución.

No obstante, Tardón advierte de que, por el momento, no existen pruebas objetivas que permitan confirmar la existencia de un sabotaje tecnológico. La jueza subraya que, más allá del testimonio de un agente policial, no hay elementos que acrediten posibles «interferencia tecnológica, ciberataques, guerra electrónica, sabotaje digital o cualquier otra modalidad de actuación hostil que tuvieran participación, intervención, colaboración o relación causal con los hechos» investigados.

El agente que declaró ante la magistrada había relatado que las comunicaciones operativas de las fuerzas de seguridad presentaron graves deficiencias durante aquellos días, una circunstancia que le hizo sospechar de una posible relación con las entradas masivas de migrantes.

Sin embargo, la jueza considera que esa hipótesis constituye una apreciación subjetiva del funcionario y recuerda que las incidencias también pudieron estar relacionadas con la presión extraordinaria sobre la frontera y la saturación de los sistemas de comunicación.

La magistrada ha solicitado los informes policiales y las grabaciones telefónicas antes de pronunciarse sobre el conjunto de diligencias adicionales planteadas por la Fiscalía.