La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha situado al empresario Cristian Crovillo; quien condujo el vehículo de Pedro Sánchez durante las primas del PSOE en 2017; en el centro de la presunta intermediación para favorecer a determinadas empresas en la obtención de contratos públicos durante la etapa como ministro de Transportes de José Luis Ábalos.
Un informe policial recoge indicios de que Corvillo habría utilizado su relación con Koldo García, antiguo asesor de Ábalos, para influir en tres adjudicaciones vinculadas a empresas públicas dependientes de Transportes. Los investigadores han analizado conversaciones, mensajes de WhatsApp y encuentros entre ambos en fechas próximas a decisiones relevantes de los procedimientos de contratación.
Las adjudicaciones bajo sospecha corresponden a dos contratos de Adif y uno de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT). El de mayor importe, valorado en 28 millones de euros, fue concedido en 2019 a una unión temporal de empresas formada por Sevilla Nevado y Azvi para construir una plataforma de alta velocidad en la línea Madrid-Extremadura.
El segundo contrato, también adjudicado por Adif, ascendió a 175.188 euros y correspondía a trabajos de limpieza en un edificio de la compañía pública en Madrid. El tercero, por valor de 6,18 millones de euros, fue otorgado a la UTE Aquaterra Servicios Infraestructuras-Servicios Técnicos Napal para la conservación y explotación de un tramo de la autopista AP-7 entre Cartagena y Vera.
Según las pesquisas, Koldo García habría aprovechado su influencia sobre Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de Adif, y Javier Herrero, que ocupaba la Dirección General de Carreteras, para favorecer los intereses empresariales investigados. La Guardia Civil ha detectado coincidencias entre los contactos mantenidos y momentos decisivos de las licitaciones.
Detenido en la nueva fase del caso Koldo
Corvillo fue uno de los seis arrestados en la operación desarrollada por la UCO la semana pasada en Madrid, Córdoba, Sevilla y Valencia. Los agentes también registraron el domicilio del exministro Ábalos y acudieron a las instalaciones de Adif para recabar documentación relacionada con las adjudicaciones investigadas. Los seis detenidos quedaron posteriormente en libertad.
La investigación también apunta a una posible conexión del empresario con la entrega de dinero al exministro y con la financiación de la compra de un inmueble por parte de la pareja de Ábalos, Andrea de la Torre. Los investigadores consideran que Corvillo habría actuado como intermediario entre el empresario Víctor de Aldama y el exdirigente socialista.