La coalición Unidad del Pueblo Canario (UPC), que presenta a Luis Campos como candidato al Congreso de los Diputados, ha conseguido reunir el respaldo de más de 40 asociaciones, sindicatos y colectivos sociales a su manifiesto electoral, titulado «Una sola papeleta, todo un pueblo», con el que pretende impulsar una candidatura unitaria y defender una voz propia de Canarias en las instituciones estatales.
Entre sus principales propuestas figura un cambio de modelo económico y territorial para las islas, con límites al crecimiento turístico, una moratoria de nuevas plazas alojativas, la implantación de una tasa para visitantes no residentes y medidas para combatir la especulación inmobiliaria. La formación también plantea regular los alquileres en zonas tensionadas y restringir la vivienda vacacional para facilitar el acceso a una residencia habitual, especialmente entre los jóvenes.
Campos ha defendido que el proyecto pretende ofrecer una alternativa política «frente al avance de la ultraderecha, defendiendo los derechos sociales, laborales, feministas y democráticos».
En el ámbito económico, UPC reclama una reforma fiscal progresiva que incremente la contribución de las grandes empresas, las grandes fortunas, la banca y las compañías energéticas, mientras protege el poder adquisitivo de las familias trabajadoras. También propone garantizar salarios dignos, controlar las horas extraordinarias y promover una subida estatal del Salario Mínimo Interprofesional.
La coalición apuesta por diversificar la economía canaria mediante el impulso de la economía azul, las energías limpias, la investigación y el sector primario. A estas medidas suma la defensa de la soberanía energética y un modelo de gestión circular de los residuos.
El manifiesto sitúa igualmente entre sus prioridades el reconocimiento de Canarias como sujeto político, el desarrollo pleno de su Estatuto de Autonomía y el respeto a su condición de Región Ultraperiférica. En materia territorial, exige delimitar la mediana marítima con Marruecos y proteger las aguas, los fondos marinos y el espacio aéreo del archipiélago.
En cuanto a la financiación, UPC reclama un sistema autonómico que garantice el Régimen Económico y Fiscal (REF), compense los costes derivados de la lejanía y tenga una traducción adecuada en los Presupuestos Generales del Estado, con inversiones destinadas al transporte, el empleo, el agua y el sector primario.
También exige que el Marco Financiero Plurianual europeo 2028-2034 conserve las condiciones específicas para Canarias, actualice los fondos agrícolas y pesqueros del POSEI y mantenga instrumentos regionales como el FEDER y el FSE+, además de incorporar las particularidades migratorias del archipiélago.
En materia de servicios públicos, la formación defiende reforzar la sanidad, la educación y los servicios sociales de gestión directa, revertir procesos de privatización y potenciar la Atención Primaria y la salud mental. Entre sus propuestas figura también ampliar la educación pública de cero a tres años y garantizar pensiones dignas, actualizadas conforme al coste de la vida.
La agenda social incluye medidas para combatir las violencias machistas, alcanzar la igualdad salarial, proteger los derechos sexuales y reproductivos y desarrollar un sistema público de cuidados. UPC incorpora además la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQA+, con especial atención a las personas trans.
Respecto a la inmigración, el manifiesto reclama vías legales y seguras de entrada, condiciones de acogida dignas, solidaridad entre territorios y protección específica para los menores migrantes no acompañados. La coalición rechaza asimismo el racismo y las políticas de externalización de fronteras.
La defensa de la identidad nacional canaria constituye otro de los ejes del programa, que propone proteger la historia, el habla, las tradiciones y las industrias culturales del archipiélago. En el ámbito institucional, plantea profundizar en la participación ciudadana, reforzar la transparencia y combatir la corrupción y el transfuguismo político.
En política internacional, UPC defiende una Canarias pacifista y unas relaciones de cooperación justas con África, América Latina y Europa. El documento expresa también su apoyo al derecho de autodeterminación de los pueblos palestino y saharaui y reclama destinar al menos el 0,7% de los presupuestos estatales a cooperación internacional.
La coalición incluye entre sus propuestas la ampliación de los mecanismos de participación democrática mediante el reconocimiento del derecho al voto desde los 16 años, junto con medidas dirigidas a garantizar la justicia intergeneracional y mejorar las oportunidades de la juventud canaria.
