CCOO Canarias considera que el proyecto de Presupuestos Generales de la comunidad autónoma para 2027 presenta carencias en áreas fundamentales como la inversión pública, el fomento del empleo y la financiación educativa, pese al incremento global de los recursos y al refuerzo de las partidas sociales.
El sindicato pone especialmente el foco en la reducción de las inversiones reales y las transferencias de capital, cuya dotación conjunta se sitúa en 1.656,7 millones de euros, cerca de un 20% menos que en el ejercicio anterior. Según su análisis, el descenso afecta a todas las islas y puede repercutir en la renovación de infraestructuras, la cohesión territorial y la actividad económica vinculada a la contratación pública.
El proyecto presupuestario contempla un volumen consolidado de 13.905,2 millones de euros, lo que representa un incremento del 5,70% respecto a 2026. Sin embargo, CCOO advierte de que este crecimiento no supone necesariamente una mejora equivalente de los servicios públicos, ya que parte de los recursos adicionales queda absorbida por la inflación, el aumento de la población y las necesidades sociales acumuladas.
El análisis sindical también alerta del escenario económico previsto para el próximo ejercicio, con un crecimiento real del PIB del 1,1% y un avance del empleo de apenas el 0,3%. Ante estas perspectivas, la organización reclama que las cuentas autonómicas refuercen la protección social, impulsen el empleo y favorezcan un cambio en el modelo productivo.
Entre las partidas que reciben una valoración positiva figuran las destinadas a sanidad, educación y protección y promoción social, que suman 9.746,6 millones de euros, un 10,15% más que en 2026. No obstante, CCOO reclama que el incremento presupuestario se traduzca en mejoras concretas, como la reducción de las listas de espera, el refuerzo de las plantillas y unas condiciones laborales adecuadas.
La organización sindical señala también el incumplimiento del objetivo de financiación educativa recogido en la Ley Canaria de Educación. La dotación para esta área, incluidas las universidades, equivale al 4,12% del PIB estimado, por debajo del 5% contemplado en la normativa.
Otra de las partidas cuestionadas es la destinada al fomento del empleo, cuyo presupuesto únicamente aumenta un 0,07%. Para CCOO, esta evolución supone una pérdida de capacidad de intervención en un contexto marcado por la desaceleración económica y la moderación de la creación de puestos de trabajo.
En materia de vivienda, el proyecto recoge un incremento del 23,27% en los recursos para acceso residencial y fomento de la edificación. Pese a ello, esta política representa únicamente el 1,85% del presupuesto total. El sindicato reclama mantener el esfuerzo inversor durante varios ejercicios y priorizar la construcción de vivienda pública, el alquiler asequible y la atención a los hogares con mayores dificultades económicas.
El documento también cuestiona que la memoria económica del Gobierno no preste suficiente atención a indicadores como la pobreza, la exclusión social, la distribución de la renta y los problemas de acceso a la vivienda.
En el apartado de ingresos, CCOO apunta al peso de las transferencias corrientes y advierte de que el aumento de la recaudación tributaria debe analizarse teniendo en cuenta el efecto de la inflación. El encarecimiento de los precios puede elevar los ingresos fiscales, pero al mismo tiempo reduce la capacidad adquisitiva de las familias, especialmente de aquellas con rentas más bajas.
En este sentido, el sindicato destaca la existencia de beneficios fiscales por valor de 3.058,54 millones de euros, de los que más del 60% corresponden a figuras impositivas de carácter directo, y reclama una política tributaria más progresiva.
La organización también señala que el reducido nivel de endeudamiento relativo de Canarias no debería convertirse en un argumento para limitar la respuesta presupuestaria ante las necesidades sociales y económicas del Archipiélago.
