El proyecto de presupuestos de Canarias para 2027, el último de la actual legislatura, continuará su tramitación parlamentaria después de que los grupos que respaldan al Gobierno autonómico hayan rechazado las tres enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE, Nueva Canarias (NC) y Vox. Las cuentas contemplan un gasto no financiero de 13.209 millones de euros, un 5,7 % más que en el ejercicio anterior.

La votación se ha celebrado después de un debate de tres horas y quince minutos en el pleno del Parlamento regional. La propuesta de Vox recibió únicamente el respaldo de sus tres diputados, frente a los 67 votos en contra. Por su parte, las enmiendas del PSOE y Nueva Canarias obtuvieron 28 apoyos y fueron rechazadas por los otros 42 parlamentarios.

El siguiente paso será la presentación de enmiendas parciales por parte de los grupos, cuyo plazo finalizará el 4 de diciembre. Posteriormente, las propuestas se debatirán en ponencia y comisión antes de la votación definitiva en el pleno, prevista para el 21 de diciembre.

La consejera de Hacienda, Matilde Asián, ha defendido unas cuentas que, según ha explicado, priorizan el refuerzo de las políticas sociales, el incremento de las retribuciones del personal público y la adaptación al final de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

La previsión del Ejecutivo autonómico es que la economía canaria crezca un 1,1 % durante 2027. Asián ha señalado que, si se excluyen los fondos europeos de la comparación presupuestaria, el gasto aumenta un 9,7 % respecto a 2026.

La responsable de Hacienda ha justificado la elaboración de las cuentas bajo el «principio de prudencia», debido a la incertidumbre derivada de la ausencia de nuevos presupuestos generales del Estado y de objetivos de estabilidad y deuda para las comunidades autónomas.

En el apartado de ingresos, el proyecto contempla un crecimiento del 8,5 % en los recursos no financieros de carácter no finalista. Asimismo, incluye la deflactación de la tarifa autonómica del IRPF para adaptar sus tramos a la evolución de los precios y descarta nuevas subidas de impuestos.

El rechazo de las enmiendas ha estado acompañado de duras críticas de la oposición. El portavoz socialista, Sebastián Franquis, ha acusado al Gobierno de desaprovechar una «oportunidad histórica» para mejorar los servicios públicos y reducir las desigualdades sociales.

Franquis ha denunciado que durante la legislatura han quedado sin ejecutar 3.400 millones de euros y ha relacionado el aumento del gasto sanitario con el incremento de las listas de espera, al señalar que hay casi 14.000 personas más pendientes de una consulta con especialistas que en junio de 2023.

También ha cuestionado la reducción de 452 millones de euros en los gastos de capital, un descenso del 21 %, y ha criticado que la partida destinada a investigación, desarrollo e innovación pase de los 120 millones de euros de 2023 a los 89 millones previstos para 2027.

La vivienda ha centrado igualmente parte de su intervención, durante la que Franquis ha calificado esta política como «el mayor fracaso político de este Gobierno» y ha reclamado más financiación propia para impulsar la construcción de vivienda pública.

El líder de Nueva Canarias, Luis Campos, ha considerado que las cuentas están desconectadas de las necesidades económicas y sociales de la población y ha definido el presupuesto como el «colofón a una legislatura absolutamente fallida».

Campos ha cuestionado que el incremento de más de 3.000 millones de euros del presupuesto durante los últimos cuatro años, junto con los récords turísticos y los beneficios empresariales, no se haya traducido en un reparto más equitativo de la riqueza. En este sentido, ha recordado que más de 700.000 personas se encuentran en riesgo de exclusión social en Canarias.

El diputado de NC también ha criticado la reducción de unos 450 millones de euros en inversiones para 2027 y ha cuestionado que la deflactación del IRPF se aplique a todos los tramos de renta. Además, ha reprochado al Ejecutivo que haya descartado una tasa turística que, según sus cálculos, podría haber generado entre 700 y 800 millones de euros en cuatro años.

Por parte de Vox, Nicasio Galván ha defendido la devolución del proyecto al Gobierno mediante una enmienda a la totalidad. El diputado ha reclamado un presupuesto de base cero que obligue a justificar todas las partidas y ha cuestionado el destino de los más de 200 millones de euros consignados en subvenciones.

Galván también ha reclamado una rebaja del IGIC, la supresión del impuesto sobre transmisiones patrimoniales para la compra de la primera vivienda y la eliminación del AIEM, con el objetivo de reducir el coste de la cesta de la compra. Asimismo, ha pedido extender los beneficios del Régimen Económico y Fiscal (REF) a las familias, autónomos y empresas.

Desde los grupos que apoyan al Ejecutivo, el diputado de Coalición Canaria José Miguel Barragán ha defendido el peso de los servicios públicos en las cuentas y ha asegurado que nueve de cada diez euros destinados a personal se dirigen a sanidad y educación.

No obstante, Barragán ha reconocido que el Gobierno no podrá cumplir su compromiso de reducir el tipo general del IGIC. «Prometimos bajar el tipo general y no lo vamos a cumplir. No lo podemos cumplir. Y lo digo aquí y lo decimos de frente, no nos escondemos para decirlo», ha afirmado.

La portavoz del PP, Luz Reverón, ha defendido el proyecto como «una herramienta perfecta» para atender a las familias, reforzar los servicios públicos y respaldar a los sectores productivos.

Por su parte, la diputada de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza, ha destacado el «marcado carácter social» de las cuentas, aunque ha avanzado que su formación presentará enmiendas relacionadas con La Gomera y el resto de las islas.

El diputado de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), Raúl Acosta, también ha respaldado el proyecto al considerar que refuerza los servicios públicos esenciales y mantiene el esfuerzo inversor pese a la desaparición de los fondos europeos de recuperación.