La pieza principal del caso Mediador afronta una nueva fase judicial después de que la juez instructora haya decretado la apertura de juicio oral contra 14 personas, entre ellas el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como ‘Tito Berni’; el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, y el empresario e intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte.
La magistrada María de los Ángeles Lorenzo considera que existen indicios suficientes para que los acusados sean juzgados por su presunta participación en una trama dedicada a obtener favores y ventajas administrativas a cambio de dinero, regalos y otros beneficios. Entre los delitos que se les atribuyen figuran cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, estafa, falsedad en documento mercantil y pertenencia a grupo criminal.
El auto que ordena la apertura de juicio oral, adelantado por Canarias 7 y al que ha tenido acceso EFE, llega después de que la Fiscalía solicitara que los principales investigados fueran juzgados y planteara penas de hasta 13 años de prisión. El Ministerio Público reclama ocho años de cárcel para Fuentes Curbelo y 13 años para Navarro Tacoronte.
La causa sitúa entre los principales acusados a Fuentes Curbelo, exdiputado nacional al que durante la investigación se señaló como presunto cabecilla de la trama. También será juzgado su sobrino Taishet Fuentes, que ocupó el cargo de director general de Ganadería del Gobierno de Canarias.
Junto a ellos figura Francisco Espinosa, general retirado de la Guardia Civil, y Marco Antonio Navarro Tacoronte, empresario e intermediario considerado una de las figuras centrales de la investigación.
El procedimiento afecta igualmente a varios empresarios que, según las pesquisas, habrían acudido a los integrantes de la presunta red con el objetivo de conseguir ventajas relacionadas con adjudicaciones públicas, subvenciones o expedientes y sanciones administrativas.
La Fiscalía sostiene que la actividad de la presunta trama se desarrolló principalmente entre 2020 y 2021. Según su tesis, los integrantes de la red ofrecían a empresarios la posibilidad de obtener determinados favores políticos o administrativos a cambio de contraprestaciones económicas, regalos y otros beneficios.
La investigación comenzó en 2023 y se ha desarrollado a través de diferentes piezas separadas. En febrero de este año, la magistrada dio por concluida la instrucción de la pieza principal y procesó a 23 personas por distintos delitos, entre ellos cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, estafa, falsedad, blanqueo y delitos contra la Administración Pública.
Ahora, con la apertura de juicio oral, será el órgano judicial competente el que deberá determinar la eventual responsabilidad penal de los acusados a partir de las pruebas que se practiquen durante la vista.
El procedimiento busca esclarecer si los investigados llegaron a constituir una estructura organizada que utilizaba sus presuntas conexiones políticas y administrativas para ofrecer a empresarios acceso a contratos, subvenciones o un trato favorable por parte de las administraciones públicas.