La asociación saca a relucir el dictamen europeo ignorado desde 2005 y exige al Gobierno canario medidas urgentes para restituir derechos a miles de propietarios.

ASCAV eleva el tono y responde con contundencia. La asociación asegura que “no es indolente” y que cuenta con respaldo documental de la Comisión Europea en su batalla contra el modelo de unidad de explotación turística vigente en Canarias desde hace décadas.

La entidad recuerda que ya en 2005 Bruselas emitió un dictamen de infracción instando a modificar esta normativa por vulnerar los derechos de los propietarios. Sin embargo, denuncian que el Gobierno de Canarias no actuó y permitió que los operadores turísticos mantuvieran el control de los complejos.

Más de 200.000 pequeños propietarios siguen afectados por un sistema que les obliga a ceder la explotación de sus viviendas sin poder utilizarlas libremente, mientras asumen costes y reciben rentas en muchos casos muy bajas.

ASCAV advierte de que seguirá defendiendo sus reivindicaciones en Europa y exige ahora medidas inmediatas: fin de sanciones, reforma legal urgente y garantías de que la nueva normativa no volverá a vulnerar los derechos de los propietarios canarios.