El Gobierno de Canarias ha aprobado este viernes un nuevo decreto para actualizar las normas de convivencia de los centros educativos y reforzar la protección del alumnado frente al acoso escolar, el ciberacoso y otras situaciones de violencia. La regulación sustituirá a la normativa vigente desde 2011 e incorporará nuevas herramientas para prevenir conflictos y mejorar el bienestar de la comunidad educativa.

La medida, propuesta por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, que dirige Poli Suárez, pretende adaptar la respuesta de los centros a los nuevos desafíos educativos, con especial atención a la inclusión, la protección de los estudiantes y la resolución pacífica de los conflictos.

Entre las cuestiones que adquieren mayor protagonismo figuran el acoso y el ciberacoso, la violencia de género y los riesgos derivados del uso de las nuevas tecnologías. El texto incorpora además el concepto de ciberconvivencia y contempla medidas para fomentar un comportamiento responsable en los entornos digitales.

Más herramientas para prevenir los conflictos

El nuevo marco normativo recoge diferentes estrategias para abordar los problemas de convivencia antes de que se agraven. Entre ellas figuran la mediación escolar, las prácticas restaurativas, el apoyo entre iguales y las tutorías afectivas, que se integrarán en los planes de convivencia de los centros.

También se actualizarán los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa y se reconocerá expresamente al profesorado como autoridad pública durante el ejercicio de sus funciones.

La norma contempla, asimismo, medidas específicas para atender al alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo relacionadas con alteraciones emocionales y de conducta. Para ello, establece una mayor coordinación entre los equipos docentes, los servicios de orientación y las familias, con el objetivo de adaptar las intervenciones a las circunstancias de cada estudiante.

Un año para adaptar los reglamentos de los centros

En el apartado organizativo, el decreto desarrolla las funciones de los equipos de gestión de la convivencia, los servicios de mediación y los coordinadores de bienestar y protección del alumnado. Además, prevé la creación del Observatorio Canario para la Convivencia Escolar, que realizará un seguimiento de la situación en los centros y contribuirá a impulsar mejoras en el sistema educativo.

La regulación también revisa las conductas contrarias a la convivencia, las medidas correctoras y los procedimientos de intervención, manteniendo su carácter educativo.

Una vez entre en vigor, los centros dispondrán de un año para adaptar sus reglamentos de régimen interno y sus planes de convivencia. Durante ese periodo seguirán aplicándose los protocolos específicos frente al acoso escolar, la violencia de género, el riesgo suicida y las situaciones que afecten a la protección de la infancia.

Con este decreto, Canarias sustituirá la normativa aprobada en 2011 por un nuevo marco que incorpora el bienestar y la protección del alumnado como elementos centrales de la convivencia escolar.