La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha valorado positivamente la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la actualización de las entregas a cuenta destinadas a las comunidades autónomas, aunque ha criticado el retraso acumulado en su tramitación y pago.
Asián considera que estos recursos son esenciales para garantizar la financiación de servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación, las políticas sociales o la vivienda. Por ello, ha mostrado su preocupación por el impacto que la demora tiene sobre la gestión financiera de las administraciones territoriales.
La responsable autonómica ha lamentado que la decisión llegue seis meses después del inicio del ejercicio presupuestario, una situación que, según recuerda, se ha repetido en años anteriores. “Un año más se reitera la poca consideración del ministerio con las comunidades autónomas y corporaciones locales, que somos los legítimos dueños de estos fondos que resultan fundamentales en el cómputo global de nuestros presupuestos”, afirmó.
Según explicó, se trata de recursos procedentes de impuestos cedidos que ya han sido recaudados y cuya transferencia debería producirse a comienzos de año. En este sentido, criticó que el Estado haya retenido estos fondos durante meses pese a no existir, a su juicio, una justificación para ello.
“En vez de transferirlo, el Estado ha disfrutado de unos ingresos que correspondían a las comunidades autónomas y corporaciones locales, consiguiendo una rentabilidad financiera que solamente ha beneficiado al Estado, y que ha complicado la gestión de las instituciones autonómicas y municipales”, señaló la consejera.
Respecto al proceso seguido hasta ahora, Asián recordó que las entregas a cuenta ya habían sido comunicadas previamente e incorporadas a iniciativas legislativas que incluían otras medidas. Sin embargo, atribuyó la falta de aprobación a la incapacidad del Gobierno central para reunir los apoyos parlamentarios necesarios.
Tras el acuerdo adoptado por el Ejecutivo estatal, la consejera confía en que el Ministerio de Hacienda acelere los trámites pendientes para que los fondos comiencen a abonarse cuanto antes. A su juicio, prolongar la espera seguiría perjudicando la situación financiera de comunidades autónomas y entidades locales, que dependen de estos recursos para el normal funcionamiento de sus cuentas públicas.