El Cabildo de Tenerife ha dado luz verde a la aprobación inicial del Plan Anual para la Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales de Tenerife 2026, una herramienta que marcará la hoja de ruta de las actuaciones destinadas a reducir el riesgo de incendios y mejorar la protección de los espacios naturales de la isla durante el próximo año.
La nueva planificación apuesta por una estrategia de prevención continua, alejándose de los modelos centrados exclusivamente en la campaña estival. El documento contempla actuaciones permanentes a lo largo de los doce meses del año, con medidas orientadas a minimizar la acumulación de combustible vegetal y reforzar la capacidad de respuesta ante posibles emergencias.
Entre las acciones previstas destacan los tratamientos selvícolas, el mantenimiento de pistas forestales, la mejora de los puntos de agua para la extinción, la creación y conservación de cortafuegos, así como la ejecución de quemas prescritas con carácter preventivo. Además, se definirán áreas prioritarias de actuación y puntos estratégicos de gestión del territorio para mejorar la defensa frente a grandes incendios forestales.
La planificación mantiene como uno de sus pilares fundamentales el operativo BRIFOR, responsable de las labores de prevención, vigilancia y extinción en la isla. Este dispositivo contará con recursos humanos y técnicos especializados distribuidos por el territorio, a los que podrán sumarse medios de otras administraciones cuando las circunstancias lo requieran.
El documento establece igualmente mecanismos para reforzar la vigilancia en función de las condiciones meteorológicas, especialmente durante episodios de altas temperaturas, baja humedad o vientos intensos, factores que incrementan significativamente el peligro de incendio.
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destacó que el nuevo plan “supone un paso más en la consolidación de una política forestal basada en la prevención permanente, la planificación rigurosa y la adaptación a una realidad climática cada vez más compleja”. Asimismo, subrayó que “la experiencia acumulada en los últimos años demuestra que la mejor herramienta frente a los grandes incendios forestales es actuar antes de que se produzcan, gestionando el territorio y reduciendo la vulnerabilidad de nuestros montes y de las poblaciones cercanas”.
El plan parte de un análisis detallado de las características geográficas y ambientales de Tenerife. Según explicó la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, la compleja orografía de la isla, sus fuertes pendientes y la diversidad climática convierten al territorio en un entorno especialmente sensible frente al riesgo de incendios.
En este sentido, el documento alerta de los efectos del cambio climático sobre el comportamiento del fuego. El incremento sostenido de las temperaturas, la disminución de las precipitaciones y la prolongación de los periodos de sequía están favoreciendo la aparición de paisajes más secos y vulnerables. Además, las previsiones apuntan a una mayor frecuencia de olas de calor y fenómenos meteorológicos extremos, circunstancias que aumentan la intensidad y complejidad de los incendios forestales.
Una de las prioridades del plan será la protección de las áreas de interfaz urbano-forestal, espacios donde conviven zonas habitadas y masas forestales. El Cabildo considera que estos enclaves representan uno de los principales desafíos actuales y prevé reforzar las actuaciones coordinadas con los ayuntamientos para reducir la vulnerabilidad de viviendas, infraestructuras y población.
La estrategia también incorpora programas de sensibilización ciudadana dirigidos a fomentar conductas responsables en el medio natural y reducir las negligencias que puedan provocar incendios. Las campañas informativas servirán para divulgar medidas de autoprotección, difundir recomendaciones de seguridad y recordar las restricciones que puedan establecerse en periodos de alto riesgo.
El plan, que tendrá vigencia durante todo 2026 y abarca la totalidad del territorio insular, complementará los instrumentos ya existentes en Canarias, entre ellos el INFOCA y el INFOTEN. Tras su aprobación inicial, será sometido a un periodo de información pública de veinte días hábiles para la presentación de alegaciones antes de su aprobación definitiva.