El consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha defendido este viernes los acuerdos extrajudiciales alcanzados con los propietarios de terrenos afectados por la moratoria turística, que contemplan indemnizaciones por 485 millones de euros, frente a las críticas del PSOE, que cuestiona tanto el coste para las arcas públicas como la renuncia a procedimientos de reclasificación de suelo.

Durante una pregunta parlamentaria sobre las consecuencias de estos acuerdos para los objetivos del reto demográfico, Miranda ha argumentado que la decisión permite resolver un conflicto que podría haber generado una obligación económica superior en el futuro. El consejero ha advertido de que un litigio prolongado durante diez años podría haber derivado en una deuda mayor para la Administración.

«El Gobierno lo que ha hecho es, ante una situación que podría generar un problema muchísimo mayor de cara al futuro, tomar medidas, afrontar el problema, coger el toro por los cuernos y dar una solución», ha afirmado.

La diputada socialista Nayra Alemán ha cuestionado, por su parte, que el Ejecutivo destine 485 millones de euros a las indemnizaciones y renuncie a recuperar capacidad de decisión sobre los terrenos afectados. A su juicio, los acuerdos no solo comprometen recursos públicos, sino que también limitan las posibilidades de utilizar esos suelos para desarrollar políticas de vivienda y otras actuaciones de interés general.

«Esos 485 millones no van a poder destinarse a viviendas, a servicios públicos, a infraestructuras o a cualquier otra necesidad de los canarios y las canarias», ha señalado.

Alemán ha vinculado sus críticas con el documento del Gobierno autonómico 51 medidas para la canariedad del futuro, que identifica la escasez de suelo y las dificultades para gestionarlo como obstáculos para ampliar la oferta residencial en las islas.

La parlamentaria ha recordado que en 2022 el Ejecutivo inició procedimientos para reclasificar los terrenos y ha sostenido que esa vía permitía a la Administración recuperar capacidad de decisión sobre su futuro. Con los acuerdos extrajudiciales, ha denunciado, el Gobierno desiste de esos procedimientos mientras los propietarios conservan sus parcelas y los aprovechamientos correspondientes.

«No solamente vamos a pagar la indemnización, sino que renunciamos a una oportunidad de realizar políticas públicas en esos suelos», ha manifestado.

La diputada socialista ha insistido en que el reto demográfico no debe limitarse a aumentar la población del archipiélago, sino que también debe garantizar que las personas que quieran vivir en Canarias puedan hacerlo, que los jóvenes tengan opciones para emanciparse y que las familias puedan acceder a una vivienda.

Miranda ha respondido que las competencias sobre ordenación y reclasificación de estos terrenos corresponden actualmente a los ayuntamientos y no al Gobierno autonómico, por lo que el Ejecutivo no podía decidir directamente si debían cambiar su clasificación urbanística.

El consejero ha recordado asimismo que el artículo 17.1 de la Ley 6/2009 contemplaba indemnizaciones por los derechos edificatorios de las empresas durante un periodo de cinco años, tras el cual los terrenos volverían a su estado inicial.

Miranda ha defendido que los acuerdos cuentan con los avales judiciales pertinentes y ha asegurado que el Gobierno consideró esta fórmula la más adecuada para resolver el conflicto. También ha afirmado que el Ejecutivo continuará buscando terrenos y alternativas para impulsar la construcción de viviendas.

En su réplica, Alemán ha matizado que el aval judicial no elimina el hecho de que las condiciones del acuerdo sean fruto de una decisión adoptada entre las partes. La diputada ha defendido que debe prevalecer el interés general y ha cuestionado que este coincida necesariamente con los términos pactados.

El consejero ha replicado que el interés general puede interpretarse desde distintas perspectivas y ha defendido que evitar una posible deuda más elevada también supone proteger a las generaciones futuras. Miranda ha asegurado que el Ejecutivo está «muy tranquilo» con su actuación y ha sostenido que los acuerdos ponen fin a las reclamaciones relacionadas con este asunto.