El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes el texto definitivo del proyecto de actualización de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias, que será remitido ahora al Parlamento autonómico para continuar con su tramitación.

La iniciativa, impulsada por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, pretende adaptar la normativa aprobada en 2017 a los nuevos desafíos del Archipiélago, especialmente en materia de vivienda, evolución demográfica y cambio climático.

El consejero del área, Manuel Miranda, ha defendido que la reforma mantiene la filosofía de la actual Ley del Suelo, pero incorpora modificaciones para responder a las necesidades actuales de las islas. El texto aprobado inicialmente en junio ha incorporado además las aportaciones realizadas por el Consejo Consultivo en su informe del pasado septiembre.

Uno de los principales cambios afecta a la disponibilidad de suelo destinado a vivienda pública. La propuesta eleva del 30% al 40% la reserva en suelo urbanizable y duplica del 10% al 20% la correspondiente al suelo urbano consolidado, en los supuestos contemplados por la normativa.

La reforma se articula en torno a cinco grandes objetivos: reforzar la protección del territorio, simplificar y agilizar el planeamiento, facilitar la construcción de vivienda pública, apoyar a los municipios afectados por el reto demográfico y proporcionar mayor seguridad jurídica al sector primario.

En materia de disciplina territorial, el proyecto endurece las sanciones, que podrán alcanzar los 600.000 euros, y amplía los plazos para tramitar los expedientes con el propósito de evitar que las infracciones prescriban.

El Gobierno también calcula una reducción del 30% en los tiempos de tramitación de los instrumentos de ordenación y una disminución del 40% en la documentación necesaria, con el objetivo de hacer más ágil la planificación urbanística.

La propuesta incorpora además medidas específicas para los municipios considerados de reto demográfico. Entre ellas figura el acceso prioritario a determinadas ayudas y subvenciones destinadas a la actualización de su planeamiento.

El sector primario también contará con cambios específicos. La nueva regulación permitirá viviendas unifamiliares en asentamientos agrícolas cuando estén vinculadas a una actividad agraria efectiva, según ha explicado el Ejecutivo autonómico.

Miranda ha destacado que la elaboración del proyecto ha estado precedida por un proceso de participación de más de un año, en el que participaron alrededor de 700 profesionales a través de 17 foros. El Consejo Consultivo ha introducido mejoras, especialmente en aspectos relacionados con la evaluación ambiental, los proyectos de interés insular o autonómico y los nuevos planes de renovación de suelos industriales.

El texto inicia ahora su recorrido parlamentario. El consejero ha señalado que los portavoces de los grupos políticos en la comisión correspondiente ya disponen del documento desde este verano para facilitar su análisis antes del debate y tratar de alcanzar el mayor consenso posible.