El Gobierno de Canarias mantiene activado un complejo dispositivo de ayuda social y humanitaria para asistir a la comunidad canaria residente en Cuba, integrada por más de 70.000 canarios y descendientes inscritos en el país caribeño. Sin embargo, las dificultades bancarias y las restricciones derivadas del sistema financiero internacional están complicando la llegada de parte de esas ayudas, obligando a coordinar soluciones entre el Ejecutivo autonómico y el Gobierno de España.

Fuentes vinculadas al área de Emigración reconocen que las transferencias económicas y determinados programas sociales requieren fórmulas específicas de intermediación debido a las limitaciones operativas existentes con bancos cubanos y canales internacionales de pago. El Ejecutivo regional trabaja desde hace meses en colaboración con instituciones estatales y entidades sociales para garantizar que las ayudas lleguen finalmente a sus destinatarios.

El Gobierno canario ha reforzado además distintos programas de asistencia sanitaria, alimentación y apoyo humanitario dirigidos a la diáspora isleña en América Latina, especialmente en Cuba y Venezuela. Solo en los últimos ejercicios se han destinado cientos de miles de euros a programas de emergencia social y cooperación exterior vinculados a emigrantes canarios en situación vulnerable.

Desde Presidencia y Acción Exterior se insiste en que mantener el vínculo con la emigración histórica “es una obligación moral e institucional”, especialmente en territorios donde muchas familias conservan raíces directas con Canarias desde hace generaciones.

El reto bancario que complica las ayudas

Uno de los principales problemas para canalizar ayudas hacia Cuba es el funcionamiento del sistema financiero internacional y las restricciones operativas que afectan a transferencias y pagos. En anteriores convocatorias, el Gobierno canario tuvo que utilizar fórmulas específicas de distribución a través de entidades locales como Bandec y asociaciones colaboradoras para hacer llegar las ayudas humanitarias. El Ejecutivo autonómico admite que la coordinación con el Gobierno central resulta clave para desbloquear procedimientos administrativos y financieros que permitan garantizar la llegada efectiva de las prestaciones a miles de descendientes canarios residentes en la isla.