El Gobierno de Canarias solicitará a la Unión Europea una mayor flexibilidad en las normas de contratación pública aplicables a las regiones ultraperiféricas, con el objetivo de compensar las dificultades que afrontan las administraciones del archipiélago por la insularidad, la lejanía y los costes logísticos. La consejera de Hacienda, Matilde Asián, ha anunciado esta petición durante la presentación de un estudio de la Universidad de La Laguna que analiza la contratación pública en Canarias entre 2016 y 2025.

El informe evidencia una menor concurrencia empresarial en las islas respecto a la España continental. Los procedimientos públicos canarios reciben una media de 2,89 ofertas por contrato, frente a las 5,04 de la Península, lo que supone un 42,7% menos de propuestas por licitación.

Esta menor competencia también se refleja en el número de procedimientos que terminan sin adjudicación. En Canarias, el 8,93% de las licitaciones quedan desiertas, frente al 7,65% registrado en el resto de España.

Las diferencias se trasladan igualmente al ahorro obtenido por las administraciones. Las ofertas presentadas en Canarias generan una baja media del 12,12% sobre el presupuesto de licitación, mientras que en la Península alcanza el 16,24%. Según el estudio, esto supone alrededor de un 25% menos de ahorro para las administraciones públicas del archipiélago.

La consejera ha atribuido estas dificultades a las particularidades territoriales de Canarias. La fragmentación del mercado, la distancia, los costes de transporte y el reducido tamaño de algunos mercados insulares limitan la participación de empresas y dificultan la llegada de operadores externos.

El estudio también detecta una participación transfronteriza muy reducida. Solo el 0,79% de los adjudicatarios de contratos públicos en Canarias proceden de otros países, frente al 6,10% registrado en la Unión Europea continental.

Las pequeñas y medianas empresas tampoco alcanzan en Canarias el nivel de presencia observado en otros territorios comparables. Las pymes representan el 53,98% de las adjudicaciones públicas del archipiélago, según los datos recogidos en el informe.

La situación presenta además diferencias significativas entre las propias islas. Los territorios no capitalinos registran una media de apenas 2,23 licitadores por contrato y en ellos los procedimientos dependen en un 92,08% de criterios objetivos.

El análisis comparativo con otras regiones insulares y ultraperiféricas apunta asimismo a que las dificultades de Canarias no son necesariamente inevitables. El informe señala que otros territorios con características geográficas similares consiguen niveles superiores de participación empresarial cuando existen condiciones que facilitan el acceso a los procedimientos de contratación.

Ante este escenario, la Consejería de Hacienda considera que el objetivo no debe limitarse a incrementar el volumen de licitaciones, sino a mejorar sus condiciones. Entre las medidas planteadas figuran adaptar los presupuestos a los sobrecostes derivados de la insularidad, incorporar criterios relacionados con la calidad y la innovación y reforzar la profesionalización tanto de los compradores públicos como de las empresas.

El estudio también plantea reducir las barreras de entrada para operadores locales, nacionales y europeos con el propósito de ampliar la concurrencia y mejorar las condiciones de las adjudicaciones.

En este contexto, el Ejecutivo autonómico pretende trasladar a Bruselas la necesidad de reconocer de manera específica las particularidades de las regiones ultraperiféricas en materia de contratación pública. Asián ha señalado que, si la Unión Europea autoriza esa flexibilización, Canarias podría negociar posteriormente con el Estado la aplicación de condiciones específicas para el archipiélago.

La petición parte de la conclusión de que la contratación pública canaria se desarrolla actualmente en unas condiciones de competencia diferentes a las de otros territorios europeos y que la singularidad geográfica de las islas debe ser tenida en cuenta en el marco normativo comunitario.