La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha reclamado al Ministerio de Sanidad que desbloquee la negociación del nuevo Estatuto Marco del personal de los servicios de salud, al considerar que el conflicto con el colectivo médico está teniendo un importante impacto asistencial. Según indicó, en Canarias se han suspendido 80.000 actos médicos en los últimos seis meses como consecuencia de la huelga.

La petición fue trasladada durante la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), celebrada este viernes en Madrid, donde las comunidades autónomas volvieron a reclamar al departamento que dirige Mónica García una solución consensuada al conflicto.

Según informó la Consejería de Sanidad, se trata del segundo posicionamiento conjunto de las autonomías en apenas un mes para pedir al Ministerio que lidere una negociación que permita alcanzar un acuerdo con los profesionales sanitarios.

Durante el encuentro, los responsables autonómicos presentaron un decálogo de propuestas, elaborado tras la reunión de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, con el objetivo de reconducir la tramitación del anteproyecto de ley del Estatuto Marco y garantizar su viabilidad jurídica y profesional.

Entre las principales demandas figura que el Ministerio retome la negociación en el marco de la Comisión de Recursos Humanos, aproveche el trabajo técnico ya realizado y promueva las modificaciones necesarias para lograr un texto consensuado y aplicable en todo el Sistema Nacional de Salud.

Las comunidades también solicitan la elaboración de una memoria económica que cuantifique el impacto de las medidas previstas y garantice la viabilidad de su implantación.

Monzón defendió que todas las autonomías mantienen una posición común para buscar una salida al conflicto y pidió al Ministerio que abandone su actual planteamiento. A su juicio, la continuidad de la huelga está perjudicando a la asistencia sanitaria en todo el país, independientemente de las mejoras laborales que cada servicio regional de salud pueda adoptar dentro de sus competencias.

La consejera expresó además su preocupación por el «inmovilismo» del Ministerio y advirtió de que, si no se alcanza un acuerdo a nivel estatal, el conflicto podría prolongarse pese a los avances que logren negociar individualmente las comunidades autónomas con sus profesionales sanitarios.