Comisiones Obreras (CCOO) de Canarias atendió a un total de 898 personas inmigrantes durante el proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno central, según informó la secretaria general del sindicato, Vanesa Frahija Betancor.

La organización explicó que la respuesta de la población extranjera residente en el Archipiélago fue significativa desde comienzos de abril, incluso antes de la aprobación definitiva de la medida. Entre abril y el cierre del plazo, el pasado 30 de junio, cientos de personas acudieron al sindicato para solicitar información o recibir acompañamiento en la tramitación de sus expedientes.

De las 898 personas atendidas, 706 completaron el proceso de regularización con el apoyo de CCOO. El perfil mayoritario corresponde a mujeres, que representaron el 53,7 % de los casos, frente al 46,3 % de hombres. La mayoría procedía de Colombia (274), Venezuela (128), Paraguay (99), Perú (56), Senegal (54) y Honduras (37).

La asistencia se prestó de forma presencial en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y El Hierro.

Para CCOO Canarias, el valor de esta campaña va más allá de los datos, al considerar que permitirá que cientos de personas accedan al mercado laboral en igualdad de condiciones y con la protección de la legislación laboral española.

Tras el cierre del plazo de solicitudes, el sindicato recordó que ahora corresponde a la Administración resolver los expedientes y aseguró que continuará acompañando a los solicitantes hasta la resolución definitiva de cada caso.

Asimismo, la organización sindical defendió que este proceso contribuirá a combatir la economía sumergida y la explotación laboral, un problema especialmente relevante en Canarias debido a los elevados niveles de empleo irregular.

En este contexto, CCOO hizo un llamamiento a la patronal canaria para facilitar la incorporación laboral de las personas regularizadas. «Quienes hoy regularizan su situación ya vivían y trabajaban en Canarias. La diferencia es que ahora podrán hacerlo con derechos, cotizando a la Seguridad Social y con la protección que merece cualquier persona trabajadora», señaló el sindicato.

Finalmente, la organización reiteró su compromiso con una sociedad «más justa, inclusiva y libre de explotación», en la que ninguna persona vea vulnerados sus derechos por su situación administrativa.