La Fiscalía respalda endurecer la responsabilidad penal de las compañías y reforzar las herramientas del Estado contra el fraude, el blanqueo y los delitos económicos

El Consejo Fiscal ha respaldado el endurecimiento de la responsabilidad penal de las empresas dentro de la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), una modificación que busca otorgar más capacidad de control y coerción al Estado frente a delitos económicos, corrupción y blanqueo de capitales.

El organismo considera necesario adaptar la legislación española a una realidad económica y tecnológica cada vez más compleja, donde las estructuras empresariales, el movimiento internacional de capitales y el auge de activos digitales dificultan en muchas ocasiones las investigaciones judiciales.

La propuesta avalada por la Fiscalía General del Estado apuesta por ampliar los delitos por los que una persona jurídica puede ser condenada y endurecer las sanciones para aquellas compañías que se beneficien de prácticas ilícitas o carezcan de mecanismos eficaces de prevención.

El informe también insiste en reforzar la protección de denunciantes y testigos, así como mejorar los protocolos de investigación para agilizar procesos vinculados a corrupción, fraude fiscal o blanqueo.

Fuentes jurídicas subrayan que el objetivo no es “criminalizar” la actividad empresarial, sino elevar los estándares de control interno y cumplimiento normativo, especialmente en grandes compañías y sectores sensibles al movimiento de fondos.

La reforma se enmarca además en el nuevo modelo procesal que pretende dar más protagonismo a la Fiscalía en la dirección de las investigaciones penales, buscando procedimientos más ágiles y especializados.

Desde distintos sectores se interpreta el movimiento como una evolución “lógica” del sistema judicial y económico europeo, cada vez más orientado a exigir responsabilidad directa a las empresas en la prevención de delitos.