El denominado Decreto Canarias ya ha pasado por el Consejo de Ministros, pero lo aprobado este martes está lejos del documento que el Gobierno autonómico puso inicialmente encima de la mesa. Madrid da algunos pasos, cumple compromisos importantes con La Palma y permite movilizar alrededor de 600 millones de euros del superávit de la propia Comunidad Autónoma, pero deja pendiente una parte considerable de las más de 50 medidas que Canarias había reclamado.

Y ahí está precisamente la diferencia entre el anuncio y el resultado. Los aproximadamente 600 millones no constituyen una nueva transferencia del Estado a las Islas. Son recursos generados por Canarias que, hasta ahora, estaban condicionados por las reglas fiscales y que podrán utilizarse para inversiones financieramente sostenibles. El propio Fernando Clavijo ha señalado que podrán orientarse, entre otros ámbitos, hacia infraestructuras sanitarias, educativas, sociosanitarias o vivienda pública.

Sí hay avances específicos de calado para La Palma. El Gobierno central prorroga durante 2026 la deducción del 60% del IRPF para los residentes de la isla y habilita 100 millones del superávit canario para actuaciones relacionadas con los afectados por la erupción. También se introducen medidas dirigidas a agricultores y autónomos vinculadas a préstamos y ayudas del POSEI.

Pero el Decreto Canarias original tenía una dimensión mucho mayor. El Ejecutivo regional había planteado un paquete económico, social, territorial y competencial que abarcaba transporte, vivienda, sanidad, dependencia, educación, empleo, pobreza, aguas, carreteras, costas, turismo, investigación y seguridad.

Clavijo ha reconocido que el decreto «no va como nos hubiese gustado», aunque considera que supone un paso importante. La negociación, por tanto, no termina aquí. Canarias y el Estado prevén nuevas reuniones durante septiembre y octubre para intentar incorporar los compromisos que siguen pendientes.

Lo que Canarias puso encima de la mesa

La propuesta que salió del Gobierno canario superaba las 50 medidas y reclamaba mucho más que flexibilizar el uso del superávit. Canarias pidió 160 millones anuales para mantener la gratuidad del transporte público; 105 millones anuales en 2026 y 2027 para vivienda asequible; 45 millones para el Plan Integral de Empleo; 42 millones para infraestructuras educativas; 30 millones anuales para el Plan de Pobreza; 40 millones para Formación Profesional; 42 millones para jóvenes desempleados; 28 millones para la gratuidad del primer ciclo de Infantil; 120 millones para dependencia; 40 millones para compensar el sobrecoste sanitario; 50 millones para tratamiento de aguas y 20 millones para renovar centros generadores de energía.

A ello se añadían 20 millones para costas, 20 millones anuales para obras hidráulicas, 204 millones hasta 2030 para el Convenio de Carreteras, 20 millones para infraestructuras turísticas, otros 20 millones para I+D+i, la financiación del 50% de determinadas infraestructuras de transporte de Lanzarote y Fuerteventura y el coste estatal de 1.400 plazas de la Policía Canaria.

También se reclamaban nuevos traspasos competenciales y medidas fiscales y laborales específicas para las Islas. Ese es el trecho que todavía queda por recorrer.