Del volante a los tribunales: el Gobierno de Canarias deja en el aire la subida del taxi de Telde

Crisis del taxi en Gran Canaria.

Los profesionales mantienen sus protestas y reclaman una subida de tarifas del 8% después de más de tres años sin actualizar los precios. El Ejecutivo autonómico plantea recurrir a la Justicia o esperar a los cambios normativos, mientras el Ayuntamiento respalda las reivindicaciones del sector.

El conflicto del taxi en Telde continúa sin una solución inmediata. La reunión celebrada este jueves entre representantes del sector, el Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias ha dejado sobre la mesa tres posibles alternativas para desbloquear la actualización de las tarifas, aunque ninguna garantiza que los profesionales puedan aplicar a corto plazo la subida aprobada por el consistorio el pasado mes de marzo.
El encuentro contó con la participación del director general de Comercio y Consumo del Gobierno autonómico, David Mille; el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña; el concejal de Transportes, Miguel Rodríguez; y representantes del sector, entre ellos Germán Pérez, presidente de la Asociación de Empresarios del Taxi de Telde.

Los taxistas denuncian que llevan más de tres años sin una actualización de sus tarifas, una situación que, según sostienen, está comprometiendo la rentabilidad de numerosas licencias. El incremento del combustible, los seguros, el mantenimiento de los vehículos y otros gastos de explotación ha terminado por provocar una movilización que comenzó el pasado martes y que está previsto que continúe hasta este viernes.

La propuesta aprobada por el Ayuntamiento contemplaba una subida aproximada del 8%, con modificaciones en la bajada de bandera, el precio por kilómetro y otros conceptos del servicio. Sin embargo, la iniciativa recibió una resolución desfavorable del Gobierno autonómico, lo que impidió su entrada en vigor.

Ante este escenario, el Ejecutivo regional ha trasladado tres alternativas: recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa la resolución que rechazó las nuevas tarifas, esperar a la modificación del Decreto 64/2000 prevista para finales de este año o aguardar hasta febrero de 2027, cuando se contempla la implantación de la denominada Tarifa Única Canaria.

Ninguna de estas posibilidades representa, por ahora, una respuesta inmediata a las reivindicaciones de los profesionales. La vía judicial podría prolongar el conflicto durante meses, mientras que las otras dos opciones supeditan cualquier avance a futuras modificaciones del marco regulador.

El alcalde, Juan Antonio Peña, ha manifestado su disposición a respaldar la decisión que adopten los representantes del taxi, mientras el sector insiste en la necesidad de encontrar una solución que permita garantizar la continuidad y viabilidad económica del servicio.

La controversia también ha abierto un debate sobre los criterios utilizados para autorizar las revisiones tarifarias en los distintos municipios del Archipiélago. Los profesionales de Telde cuestionan que otras localidades hayan podido avanzar en sus actualizaciones mientras su propuesta permanece bloqueada.

El conflicto, lejos de limitarse a una discusión sobre precios, enfrenta la necesidad de garantizar un servicio público sostenible con la obligación de proteger los intereses económicos de los usuarios.

Por ahora, las tres alternativas planteadas por el Gobierno autonómico dejan pendiente la principal reclamación de los taxistas: poder actualizar unas tarifas que consideran desfasadas frente a la realidad económica del sector.

El taxi de Telde denuncia un agravio frente a otros municipios y advierte del encarecimiento de sus costes

Los profesionales cuestionan los criterios de la Comisión de Precios y reclaman un trato equivalente al recibido por otros ayuntamientos del Archipiélago.

Uno de los principales motivos de malestar entre los taxistas de Telde es la diferencia de tratamiento que, según denuncian, existe entre su municipio y otras localidades canarias a la hora de autorizar las revisiones de tarifas.

Los representantes del sector señalan especialmente el caso de Las Palmas de Gran Canaria, donde aseguran que fue posible avanzar en la actualización de precios pese a las objeciones iniciales de la Comisión de Precios. Una circunstancia que ha llevado a los profesionales teldenses a reclamar explicaciones sobre los criterios administrativos aplicados a su propuesta.

La discusión tiene también una importante vertiente económica. El sector sostiene que el incremento de los costes de explotación ha reducido considerablemente sus márgenes. Algunos profesionales sitúan el gasto anual del seguro de un vehículo en torno a los 3.000 euros, a lo que deben añadirse combustible, reparaciones, neumáticos, impuestos y mantenimiento.

Además, la revisión aprobada por el Ayuntamiento no se limitaba a incrementar la bajada de bandera diurna de 2,95 a 3,20 euros, sino que también modificaba la distancia incluida en ese importe, reduciéndola de 1.032 a 500 metros, una medida con incidencia directa en el coste final de determinados trayectos.

La Comisión de Precios planteó objeciones a la actualización, mientras los taxistas defienden que las tarifas actuales no reflejan el verdadero coste de prestar el servicio.

La tensión podría superar el ámbito municipal. FEDETAX ha convocado una asamblea extraordinaria para el próximo 20 de octubre, en un contexto de desacuerdo con diversos aspectos del nuevo reglamento autonómico del taxi.

La incógnita es si el conflicto de Telde terminará convirtiéndose en una movilización más amplia del sector en Canarias.