La Guardia Civil ha cerrado un establecimiento de Granadilla de Abona que presuntamente operaba como punto de venta ilegal de drogas bajo la apariencia de un club social cannábico. La actuación se enmarca en la denominada Operación Nisqa, que ha concluido con la detención de una persona y la investigación de otra por un presunto delito contra la salud pública.
La investigación permitió a los agentes reunir pruebas suficientes para solicitar una orden judicial de entrada y registro en el local. Durante la intervención fueron localizadas diversas cantidades de marihuana y hachís preparadas para su distribución, además de dinero en efectivo y documentación relacionada con la actividad desarrollada en el establecimiento.
El análisis posterior del material incautado reforzó las sospechas de los investigadores sobre la existencia de una estructura organizada dedicada a la venta de sustancias estupefacientes. Como resultado de las diligencias practicadas, las autoridades procedieron al arresto del principal sospechoso y al cierre definitivo del negocio.
Las pesquisas se remontan a mayo de 2025, cuando el Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Granadilla de Abona recibió información sobre posibles irregularidades en el funcionamiento de un local que se presentaba públicamente como una asociación cannábica.
A partir de ese momento, los agentes establecieron distintos dispositivos de vigilancia para comprobar la actividad desarrollada en el inmueble. Durante meses de seguimiento detectaron un flujo constante de personas que abandonaban el establecimiento tras adquirir sustancias como marihuana o hachís.
Según la investigación, muchas de estas personas no cumplían los requisitos exigidos para formar parte de un club social cannábico, circunstancia que reforzó la hipótesis de que el local estaba realizando ventas al margen de la normativa vigente.
Los agentes constataron además que una parte importante de los compradores eran turistas y ciudadanos extranjeros que visitaban temporalmente la isla. La apariencia legal del establecimiento habría facilitado el acceso de estos clientes a las sustancias distribuidas en el interior del local.
Con la información recopilada durante la operación, la Guardia Civil puso los hechos en conocimiento de la autoridad judicial, que autorizó el registro del inmueble. Tras la intervención y la recopilación de nuevas pruebas documentales, el juzgado competente decretó el precinto de las instalaciones y la clausura de la actividad.