Una década después del referéndum que selló la salida del Reino Unido de la Unión Europea, las consecuencias del Brexit continúan afectando a miles de ciudadanos europeos asentados en territorio británico. La incertidumbre sobre los derechos de residencia, los cambios normativos y las nuevas exigencias migratorias siguen condicionando la vida de muchos españoles que construyeron su proyecto personal y profesional al otro lado del Canal de la Mancha.

Entre quienes han vivido de cerca este proceso se encuentra Carlos Soler Montes, presidente de la organización de Científicos e Investigadores Españoles en Reino Unido (CERU). Recuerda que el resultado del referéndum del 23 de junio de 2016 fue recibido con incredulidad por gran parte de la comunidad española. «Al día siguiente, el congreso parecía un funeral. Nadie podía creer lo que había sucedido», rememora sobre aquella jornada.

Soler asegura que la organización ha perdido aproximadamente la mitad de sus integrantes en estos diez años, debido al regreso de numerosos investigadores a España y a la reducción del atractivo que tradicionalmente ejercía Reino Unido sobre el talento internacional. A su juicio, los continuos cambios en las normas de residencia y trabajo han generado una sensación de inestabilidad que ha perjudicado especialmente a los profesionales más jóvenes.

Las dificultades también han alcanzado a muchas familias españolas. La abogada Ana González, especializada en cuestiones migratorias derivadas del Brexit, explica que numerosos ciudadanos europeos se vieron obligados a regularizar apresuradamente su situación. Algunos matrimonios adelantaron trámites legales y muchas familias tuvieron que adaptarse a nuevas exigencias administrativas que antes no existían.

La llegada de la pandemia agravó aún más el escenario. El periodo habilitado por las autoridades británicas para regularizar la residencia coincidió en parte con las restricciones derivadas de la covid-19, dificultando la realización de trámites para quienes se encontraban temporalmente fuera del país.

Otro de los problemas detectados ha sido el impacto de la digitalización de los procedimientos administrativos. Según fuentes diplomáticas españolas, muchas personas con menor familiaridad tecnológica han encontrado dificultades para gestionar documentos, solicitudes de residencia o procesos relacionados con la ciudadanía británica, que actualmente se realizan de forma casi exclusiva por vía digital.

La incertidumbre también se mantiene respecto a posibles reformas legislativas. Entre ellas figura la posibilidad de ampliar de cinco a diez años el periodo mínimo de residencia exigido para optar a la nacionalidad británica, una medida que genera preocupación entre parte de la comunidad española asentada en el país.

Además, las nuevas condiciones para la contratación de trabajadores extranjeros están afectando al ámbito empresarial. Las compañías que desean incorporar profesionales mediante visados para trabajadores cualificados deben acreditar salarios mínimos más elevados, una exigencia que algunas empresas consideran difícil de asumir, especialmente en programas dirigidos a jóvenes profesionales o personal en formación.