La decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviar a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha provocado una inmediata reacción política. El magistrado la considera responsable de presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, y ha acordado además medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar España y la obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado.

Desde el Ejecutivo han rechazado de plano la resolución judicial. Fuentes gubernamentales sostienen que la actuación de Peinado responde a una «persecución», una «obsesión» y una actuación marcada por la «desproporción», al tiempo que cuestionan el carácter político de la instrucción. La defensa de Gómez ya ha anunciado que recurrirá la decisión.

El malestar del Gobierno también se ha centrado en uno de los argumentos incluidos en el auto, en el que el juez plantea la posibilidad de que agentes de la Policía Nacional adscritos a la escolta de Gómez pudieran colaborar en una hipotética fuga. El Ejecutivo considera esas afirmaciones «otro ejemplo del despropósito» de la resolución.

Varios ministros se sumaron a las críticas. El titular de Justicia, Félix Bolaños, lamentó que se trate de «un día nefasto para los que creemos en la Justicia» y se preguntó «quién reparará el daño causado». Por su parte, Óscar Puente calificó la decisión de «ignominia», mientras que Óscar López consideró que «erosiona» el Estado de derecho y José Manuel Albares la definió como «injustificable».

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, denunció en redes sociales una «campaña de desgaste que parece no tener fin», un mensaje respaldado también por dirigentes socialistas como la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, que calificó la medida de «desmedida y desproporcionada» y aseguró que se asemeja a «un juicio político escandaloso contra una persona inocente». La portavoz socialista, Montse Mínguez, fue aún más contundente al describir la actuación judicial como «delirante, obsesiva y vergonzosa».

En el lado opuesto, el Partido Popular aprovechó la resolución para redoblar sus críticas al Ejecutivo. El secretario general de la formación, Miguel Tellado, afirmó que Pedro Sánchez «ha convertido la Moncloa en una guarida de delincuentes y el Ejecutivo en una organización criminal», asegurando que el Gobierno suma un nuevo escándalo a una larga lista de polémicas.

La decisión judicial también ha generado reacciones entre socios parlamentarios del Ejecutivo. Desde Podemos consideran que el juez ha sobrepasado «todos los límites de la prevaricación», mientras que el diputado de Sumar Gerardo Pisarello advirtió de los riesgos de un «modelo penal inquisitorial». A su juicio, «que un juez de instrucción pueda convertir las medidas cautelares en una forma de amedrentamiento político es peligrosísimo».