El Cabildo de Tenerife ha avanzado en su estrategia para fomentar el empleo local con la celebración de una jornada técnica junto a los ayuntamientos de la isla, en la que se han definido las bases de una nueva convocatoria de subvenciones directas. Esta línea de ayudas contará con una dotación inicial de 10 millones de euros, a los que se sumarán aportaciones municipales, y estará destinada a proyectos de interés general y social.

El encuentro, encabezado por el consejero de Empleo y Educación, Efraín Medina, también ha servido para analizar fórmulas que permitan agilizar la gestión de los fondos y mejorar su impacto en el territorio. La iniciativa introduce un cambio de enfoque respecto a ediciones anteriores, priorizando la empleabilidad a largo plazo frente a soluciones temporales.

En este sentido, Medina subrayó que «queremos ir más allá de la ayuda inmediata. El objetivo de este nuevo plan es garantizar que las personas desempleadas adquieran una experiencia y formación que les permita competir con éxito en el mercado laboral actual, logrando que su incorporación al trabajo no sea algo pasajero, sino una oportunidad de futuro estable».

Los proyectos financiados deberán alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y centrarse en ámbitos como la protección del entorno, la eficiencia energética, la educación ambiental, la digitalización, la gestión de residuos o el refuerzo de los servicios sociales. Según explicó el consejero, «estos proyectos no pueden ser una simple adición de recursos para tareas ordinarias de los ayuntamientos, sino que deben ser actuaciones concretas que diversifiquen la economía local y fomenten la igualdad».

Entre las novedades de la convocatoria destaca la exigencia de incorporar un porcentaje mínimo de personal cualificado —con formación universitaria, de FP o certificados de profesionalidad— que variará en función del tamaño del municipio, con el objetivo de garantizar la calidad técnica de las actuaciones.

Asimismo, se establecen criterios sociales en la selección de las personas beneficiarias. Las contrataciones deberán incluir al menos un 50% de mujeres, en aplicación de medidas de discriminación positiva, y se dará prioridad a jóvenes menores de 30 años —especialmente quienes buscan su primer empleo o se encuentran en paro de larga duración—, así como a mayores de 30 años en situación prolongada de desempleo.