Europa endurece su política migratoria y varios gobiernos ya trabajan para poner en marcha centros de retorno fuera del territorio comunitario. Dinamarca, Alemania, Austria, Grecia y Países Bajos se encuentran entre los países que más están impulsando esta nueva estrategia, con el objetivo de acelerar las expulsiones de inmigrantes que no tengan derecho a permanecer en la Unión Europea.

La fórmula pasa por habilitar instalaciones en terceros países a las que puedan ser trasladadas personas que tengan una orden firme de expulsión y cuya devolución inmediata a su país de origen no sea posible. Allí permanecerían de forma temporal mientras se completa el procedimiento de retorno.

El movimiento refleja un cambio importante dentro de la política migratoria europea. Durante los últimos años, buena parte de los esfuerzos se han centrado en reforzar las fronteras exteriores y contener las llegadas irregulares. Ahora, varios Estados consideran prioritario garantizar que las órdenes de expulsión se cumplan realmente.

Uno de los grandes problemas del actual sistema europeo es precisamente el bajo porcentaje de retornos efectivos. Cada año se dictan miles de resoluciones de expulsión que finalmente no llegan a ejecutarse, ya sea por falta de cooperación de los países de origen, problemas de identificación o dificultades administrativas.

Los gobiernos partidarios de este nuevo modelo defienden que los centros deberán cumplir la legislación europea y las garantías internacionales. Al mismo tiempo, reclaman acuerdos más firmes con terceros países para agilizar los retornos.

La presión política en Europa aumenta y la inmigración vuelve a situarse en el centro del debate. Dinamarca, Alemania, Austria, Grecia y Países Bajos quieren dar un paso más: no solo controlar las entradas, sino conseguir que quienes no tengan derecho a quedarse abandonen efectivamente territorio europeo.