El Auditorio de Tenerife, símbolo arquitectónico de la isla y firmado por Santiago Calatrava, sigue atrapado en un problema que va más allá de lo estético. Los fallos estructurales detectados desde hace años, especialmente en su revestimiento exterior, han obligado a las administraciones a plantear una intervención de gran calado cuyo coste se ha convertido en eje de la polémica.

Un informe del Servicio Técnico de Hacienda del Cabildo, fechado en 2022, situó la reparación en más de 24 millones de euros. A esta cifra se sumaría el impacto económico derivado de un eventual cierre del recinto —el denominado lucro cesante—, lo que elevaría aún más la factura final de una infraestructura clave para la actividad cultural de Canarias.

Sin embargo, el proyecto de reforma que ha salido recientemente a exposición pública reduce inicialmente el presupuesto a unos 16-17 millones de euros, aunque fuentes técnicas advierten de que el coste podría incrementarse durante la ejecución. Además, el plazo de las obras podría extenderse hasta los 32 meses, condicionando la programación cultural del recinto.

En paralelo, se mantiene el pulso político y jurídico sobre quién debe asumir el coste de los arreglos. Mientras sectores políticos sostienen que el arquitecto o las constructoras deben responder por los defectos, el propio Calatrava ha rechazado esa responsabilidad, apuntando a la ejecución de la obra.

Así, el Auditorio no solo encara una compleja rehabilitación técnica, sino también un conflicto abierto que combina arquitectura, dinero público y responsabilidades aún por resolver.

Despiece | Claves del caso (en texto)
El coste de la reparación se fijó inicialmente en más de 24 millones de euros según un informe técnico del Cabildo de 2022, aunque el proyecto actual en exposición pública lo rebaja de partida a una horquilla de entre 16 y 17 millones, con riesgo de encarecimiento. Las obras podrían prolongarse hasta 32 meses, afectando de lleno a la actividad cultural del recinto. Los problemas detectados se centran en filtraciones, desprendimientos y fallos en el revestimiento exterior del edificio. En paralelo, sigue abierto el conflicto sobre quién debe asumir el pago de la intervención, con posiciones enfrentadas entre la administración y el arquitecto del proyecto.