El área de Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana salta al foco judicial tras la querella presentada por el jefe de Disciplina Urbanística contra la concejala responsable del área, Davinia Ramírez. El escrito, de carácter penal, apunta a posibles delitos como prevaricación, tráfico de influencias, desobediencia y acoso laboral, en un enfrentamiento que destapa una crisis interna de gran calado en el Consistorio.

Según el denunciante, durante su etapa al frente del servicio habría recibido órdenes verbales para frenar expedientes sancionadores, paralizar procedimientos urbanísticos o dejar caducar actuaciones en marcha, algunas de ellas vinculadas a infracciones en zonas sensibles del municipio. El funcionario sostiene que se negó a ejecutar decisiones que consideraba irregulares, lo que derivó —según su versión— en presiones y represalias.

Frente a ello, el grupo de gobierno municipal rechaza de plano las acusaciones. Desde el Ayuntamiento aseguran que la querella no ha sido notificada oficialmente y niegan cualquier irregularidad en la gestión urbanística. El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, ha calificado los hechos de “rotundamente falsos” y los enmarca en un conflicto laboral previo, tras el cese del funcionario y la retirada de determinados incentivos.

El caso añade además un nuevo frente, con denuncias paralelas que cuestionan la actuación del propio técnico, en un escenario que evidencia un choque interno sin precedentes recientes en el área de Urbanismo.

A la espera de que la justicia se pronuncie sobre la admisión a trámite de la querella, el conflicto abre una etapa de incertidumbre política y administrativa en uno de los municipios clave del sur de Gran Canaria.

Despiece | Claves del caso (en texto)
La querella presentada por el jefe de Disciplina Urbanística incluye acusaciones de prevaricación, tráfico de influencias, desobediencia y acoso contra la concejala de Urbanismo. El denunciante asegura que existieron órdenes para frenar expedientes y dejar caducar sanciones urbanísticas, mientras que el Ayuntamiento niega cualquier irregularidad y atribuye la denuncia a un conflicto laboral tras su cese. El caso aún no ha sido confirmado judicialmente con su admisión a trámite, por lo que se encuentra en una fase inicial. En paralelo, existen denuncias cruzadas que apuntan también a la actuación del propio funcionario, lo que refuerza el escenario de enfrentamiento interno dentro del área.