La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado el decreto ley que reconoce oficialmente a las familias monoparentales y extiende las ventajas de las familias numerosas a los hogares formados por un solo progenitor y dos hijos. La norma ha salido adelante con 62 votos favorables, seis en contra de Vox y una abstención.
El texto, que contempla una dotación anual de 824 millones de euros, permitirá ampliar la protección social a más de 760.000 hogares y cerca de tres millones de personas, según ha explicado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, encargado de defender la iniciativa en la Cámara Baja.
Entre las principales novedades figura la creación de un título específico para las familias monoparentales y monomarentales, que facilitará el acceso a ayudas, becas, prestaciones y descuentos en el transporte público, así como en actividades culturales y de ocio.
«No hay ninguna justificación para que el ordenamiento jurídico proteja solo a algunas familias y deje fuera a otras», ha afirmado Bustinduy, quien ha destacado que el reconocimiento de estos hogares permite «saldar una deuda histórica».
La reforma también modifica los requisitos para obtener el título de familia numerosa de categoría especial, que podrá concederse a partir del cuarto hijo, frente al quinto que se exigía hasta ahora. Asimismo, las familias con tres hijos y bajos recursos económicos podrán acceder a esta categoría.
La protección se amplía también a los hogares con dos hijos en los que uno de los progenitores tenga reconocida una discapacidad igual o superior al 33 %. En el caso de las familias monoparentales con dos hijos cuyo único progenitor tenga una discapacidad, estas tendrán consideración de familia numerosa de categoría especial.
Durante su intervención, el ministro ha recordado que más de la mitad de los hogares con un solo adulto al frente se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social y que en el 80 % de estos casos la persona progenitora es una mujer.
El decreto incorpora además medidas de protección frente al impago de pensiones alimenticias para colectivos especialmente vulnerables que necesitan apoyo económico permanente.
Por otra parte, el Congreso ha convalidado también el decreto destinado a garantizar la financiación del sistema de dependencia y consolidar el cambio de modelo de cuidados, con una inversión estatal de 7.240 millones de euros prevista para 2027. La iniciativa ha obtenido 63 votos a favor y seis en contra, correspondientes a Vox.
Bustinduy ha defendido que esta partida permitirá que la aportación del Estado alcance el 50 % de la financiación total del sistema, una cifra que ha calificado de histórica y que supone un incremento del 124 % respecto al comienzo de la legislatura.
La inversión incluye la financiación de los niveles mínimo y acordado de protección y busca asegurar el desarrollo de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad recientemente aprobada.
El ministro ha señalado que el nuevo modelo contempla reducir a tres meses el plazo máximo para resolver las solicitudes y recortar a la mitad el tiempo legal de tramitación de los expedientes. «No solo planteamos la eliminación de las listas de espera el año que viene, sino que vamos a reducir a la mitad el plazo legal máximo para la resolución de expedientes», ha asegurado.
