La recuperación ambiental de la costa de Punta del Hidalgo dio este lunes un nuevo paso tras la reunión celebrada en Madrid entre representantes del Ayuntamiento de La Laguna, el Gobierno de Canarias y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El encuentro sirvió para coordinar la ejecución de la sentencia de la Audiencia Nacional que obliga a la Sociedad Charco de la Arena a derribar el club levantado en los años 60 sobre dominio público marítimo-terrestre.

Durante la cita, el Ministerio trasladó su intención de asumir de forma directa la ejecución forzosa de la sentencia en caso de que la entidad responsable no lleve a cabo voluntariamente la demolición. Según expusieron los representantes estatales, el objetivo es liberar cuanto antes este espacio del litoral para su uso público y avanzar en la restauración ambiental de la zona.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, defendió durante el encuentro que el dominio público debe quedar “no para usos privativos sino para el disfrute del conjunto de la ciudadanía”. Desde el Ministerio consideran además que la experiencia acumulada por el Estado en actuaciones similares en distintos puntos del litoral español permitirá agilizar el proceso sin necesidad de firmar convenios interadministrativos que retrasen la intervención.

La reunión contó con la participación del alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; la directora general de la Costa y el Mar, Ana María Oñoro; el director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta; el senador José Antonio Valbuena; y la directora de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento lagunero, Antonia Barrios.

El alcalde valoró el respaldo recibido por parte del Ejecutivo central y subrayó la relevancia de avanzar en una reivindicación histórica para los vecinos de la zona. “La total resolución por parte del Gobierno de España para avanzar en nuestro empeño por recuperar el Charco de la Arena y cumplir así con una reivindicación histórica de los punteros y punteras”, señaló Luis Yeray Gutiérrez, quien añadió que tanto Hugo Morán como Ana María Oñoro conocen “perfectamente” el desarrollo de este expediente.

Además de la demolición del inmueble, las administraciones abordaron futuros proyectos de recuperación ambiental en este tramo del litoral lagunero. Entre ellos figuran la rehabilitación del Camino de la Costa, conocido también como Camino de San Juanito, y diversas actuaciones vinculadas a la agenda urbana municipal que el Gobierno canario remitirá ahora al Ministerio.

En este sentido, el regidor lagunero destacó que “este entorno único de la costa lagunera no solo será recuperado, sino que experimentará un importante proceso de renaturalización para devolverlo a su estado original”.

Por su parte, Antonio Acosta puso el acento en la coordinación entre administraciones para culminar el procedimiento abierto tras la sentencia firme de la Audiencia Nacional. “Las tres instituciones aquí representadas perseguimos el mismo objetivo, que es devolver cuanto antes este espacio público marítimo a los laguneros y laguneras para su uso y disfrute”, afirmó.

La resolución judicial obliga a la Sociedad Charco de la Arena a derribar el club construido gracias a una antigua concesión ministerial que permitió ocupar el dominio público marítimo-terrestre para explotar un bar-restaurante y acondicionar una charca natural como piscina. La sentencia también establece la restauración completa del entorno natural afectado.