El Gobierno central cuestiona la legalidad del complemento aprobado por Canarias y abre la puerta a llevarlo al Constitucional.

Nuevo frente abierto entre Canarias y el Estado. El Gobierno central ha vuelto a mostrar discrepancias con las cuentas autonómicas y pone en duda el complemento de 400 euros destinado a los perceptores de pensiones no contributivas en las islas, una ayuda que beneficia a unas 40.000 personas en situación de vulnerabilidad.

La medida, incluida en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026, contempla un pago adicional de 400 euros anuales —dividido en dos abonos de 200 euros en mayo y noviembre— con el objetivo de aliviar la situación económica de quienes perciben las pensiones más bajas.

Sin embargo, el Estado considera que este complemento podría invadir competencias exclusivas en materia de Seguridad Social, lo que abre la puerta a su impugnación ante el Tribunal Constitucional. De hecho, ya ha trasladado advertencias formales al Ejecutivo canario sobre una posible inconstitucionalidad de la medida.

El conflicto no es nuevo. Ambas administraciones ya han chocado en el pasado por iniciativas similares, en un debate de fondo sobre hasta dónde puede llegar Canarias para reforzar las rentas más bajas sin vulnerar el marco estatal.

Mientras tanto, el Ejecutivo autonómico defiende que el complemento es imprescindible para combatir la pobreza estructural en el archipiélago y recuerda que responde a la singularidad de Canarias como región ultraperiférica.

La vía de negociación sigue abierta, pero el pulso institucional vuelve a escalar con el riesgo de que la ayuda quede en el aire.

Claves

400 euros extra para pensiones no contributivas. Dos pagos: mayo y noviembre. Unas 40.000 personas beneficiadas. El Estado cuestiona su legalidad y estudia recurrirla.