La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha confirmado este lunes que el Gobierno volverá a subir el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2027 y mantendrá su exención en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). El Ejecutivo prevé aprobar el incremento antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, aunque la adaptación legal necesaria para garantizar el tratamiento fiscal del salario mínimo todavía no tiene fecha definida.

En una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, Saiz ha defendido la continuidad de las subidas salariales y ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de mostrar un «importantísimo desconocimiento técnico» sobre la tributación del SMI.

La actualización del salario mínimo y su exención fiscal requieren procedimientos distintos. La revalorización depende del Gobierno, previa consulta con los agentes sociales, y no necesita la convalidación del Congreso. En cambio, mantener la exención del IRPF exige una reforma legal que debe recibir el respaldo parlamentario.

Según fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por Europa Press, esta modificación fiscal se abordará después de aprobarse la subida salarial, aunque todavía no existe un calendario concreto. La reforma podría tramitarse en la Diputación Permanente o quedar pendiente para el nuevo Congreso que surja de las elecciones del 29 de noviembre.

La cuestión fiscal ha provocado varios desencuentros durante la legislatura entre el PSOE y Sumar, especialmente entre los departamentos de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, y Trabajo, encabezado por Yolanda Díaz.

El salario mínimo interprofesional se ha incrementado un 66% entre 2018 y 2026, al pasar de 735,90 euros a 1.221 euros mensuales. La nueva subida prevista para 2027 se enmarca en el compromiso del Ejecutivo de continuar elevando esta referencia salarial.

La exención del IRPF busca evitar que los perceptores del salario mínimo se vean perjudicados fiscalmente tras las revalorizaciones, pero su continuidad requiere que el Gobierno impulse y consiga aprobar la correspondiente modificación normativa.