El Gobierno de Canarias ha dado luz verde a una medida que elevará los salarios de alrededor de 5.000 trabajadores vinculados a servicios públicos externalizados. Tras su aprobación en Consejo de Gobierno, el Ejecutivo incorporará nuevas cláusulas sociales en las licitaciones que obligarán a las empresas adjudicatarias a aplicar un incremento mínimo de 100 euros mensuales por empleado.

La decisión tendrá aplicación inmediata en los nuevos contratos y se centrará en sectores clave como la limpieza, la seguridad, el mantenimiento o los servicios auxiliares, donde se concentra buena parte de la precariedad laboral en las islas. Con esta medida, cada trabajador beneficiado percibirá unos 1.400 euros más al año.

El Gobierno defiende que se trata de una herramienta para dignificar el empleo ligado a la Administración, utilizando la contratación pública como palanca para mejorar condiciones laborales sin intervenir directamente en los convenios colectivos del sector.