El Gobierno de Canarias ha rechazado las afirmaciones del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sobre una supuesta “parálisis material y absoluta” de la Administración de Justicia como consecuencia de los problemas registrados en el sistema de gestión procesal Atlante. El Ejecutivo autonómico sostiene que, pese a las incidencias detectadas en los últimos días, la actividad judicial no ha quedado interrumpida.

La respuesta del Ejecutivo llega después de que la Sala de Gobierno del TSJC trasladara al Gobierno canario su preocupación por los fallos informáticos sufridos por la plataforma, que, según el órgano judicial, han provocado importantes dificultades para el trabajo diario de juzgados y tribunales.

Desde la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad se asegura que Atlante ha permanecido operativo durante todo este tiempo, aunque reconoce que el sistema ha experimentado una degradación de su rendimiento debido a una incidencia técnica. El departamento explica que, desde que se detectó el problema, técnicos de la Dirección General de Transformación Digital y de las empresas responsables del mantenimiento trabajan para identificar el origen de la avería y restablecer el funcionamiento habitual de la aplicación.

El Gobierno también afirma que ha mantenido una comunicación constante con la presidencia del TSJC, las secretarías coordinadoras provinciales y los representantes sindicales para informar de la evolución de la incidencia. Asimismo, señala que se reforzó el soporte técnico y se prestó atención específica a los órganos judiciales de guardia y a aquellos servicios considerados esenciales para minimizar el impacto sobre la ciudadanía.

El Ejecutivo insiste en que, aunque las incidencias han provocado ralentizaciones y dificultades en la tramitación de procedimientos, no se ha producido una paralización de la Administración de Justicia en Canarias. Además, asegura que continuará adoptando las medidas necesarias para mejorar la estabilidad de Atlante y evitar que este tipo de problemas vuelva a repetirse.

La respuesta del Gobierno se produce en medio de un nuevo enfrentamiento institucional por el funcionamiento de Atlante, un sistema que en los últimos años ha sido objeto de reiteradas críticas por parte de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y otros operadores jurídicos debido a los problemas técnicos que afectan al desarrollo normal de su actividad.