El Gobierno ha dado luz verde a una oferta de empleo público que supera las 37.000 plazas, en una maniobra que busca consolidar la renovación de la Administración y acelerar su transformación digital. Del total, 27.232 puestos corresponden a la Administración General del Estado, mientras que el resto se reparte entre cuerpos de seguridad y Fuerzas Armadas.

La gran novedad es la incorporación de 1.700 plazas vinculadas a perfiles tecnológicos, especialmente en inteligencia artificial, ciberseguridad y análisis de datos. Se trata de un giro estratégico que pretende adaptar la maquinaria pública a los nuevos retos digitales y mejorar la eficiencia de los servicios.

Sin embargo, la aprobación llega sin el respaldo de los sindicatos mayoritarios. Las centrales critican la falta de diálogo y cuestionan que la oferta no cubra las necesidades estructurales de personal en sectores clave. Además, advierten de que la creación neta de empleo —una vez descontadas jubilaciones— es mucho más limitada de lo que sugieren las cifras globales.

El Ejecutivo defiende que esta OEP es “histórica” y clave para modernizar el Estado, mientras que los sindicatos ven un modelo desequilibrado que prioriza la digitalización frente a la atención directa al ciudadano. El choque está servido.