El uso de dinero de fondos europeos por parte del Gobierno vuelve a situarse en el centro de la polémica con un impacto directo en Canarias. Mientras el Ejecutivo ha destinado 2.389 millones de euros de estos recursos al pago de pensiones, la Unión Europea ha endurecido su postura y rechaza ampliar los plazos de ejecución, dejando en el aire inversiones clave en el Archipiélago.

El Tribunal de Cuentas ha puesto en duda esta decisión al advertir que se trata de dinero concebido para transformar la economía y no para cubrir gasto estructural. Aunque el Gobierno defiende que se trata de fondos “sobrantes” y de una medida excepcional, el señalamiento del órgano fiscalizador abre un frente político y técnico.

En paralelo, Canarias se enfrenta al problema contrario: no ejecutar a tiempo ese mismo dinero. La negativa de Bruselas a flexibilizar los plazos amenaza proyectos vinculados a infraestructuras, vivienda o transición energética, en una comunidad especialmente dependiente de estos fondos.

La imagen es clara: mientras el Estado usa dinero de fondos europeos para cuadrar sus cuentas, Canarias lucha por no perderlo. Un choque de gestión que evidencia las tensiones en el reparto y uso de estos recursos y que sitúa al Archipiélago en una posición especialmente vulnerable.