El Partido Popular ha remitido un burofax a la directora general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares para exigir que cumpla de inmediato la decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho al voto de personas nacionalizadas al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos. La formación reclama que se facilite la información necesaria para aplicar la medida antes de que el próximo sábado 24 comience el envío de la documentación electoral a los residentes en el extranjero.

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP y directora de su programa electoral, Alma Ezcurra, ha advertido de que, si no se cumple el requerimiento, el partido exigirá responsabilidades. «Advertimos de que en caso de incumplimiento, vamos a exigir todas las responsabilidades a quien corresponda, también las penales», ha afirmado en un vídeo distribuido por la formación.

Según Ezcurra, ha transcurrido un mes desde la decisión del Supremo de excluir del censo a quienes no sean descendientes de exiliados y la oficina del censo electoral todavía no ha recibido «ni un solo dato». La dirigente popular ha calificado esta situación de «actitud pasiva» y «obstruccionista» y ha fijado el jueves como plazo para que se facilite la información requerida.

El partido sostiene que, si no se ejecuta la suspensión antes del inicio del envío de la documentación electoral, el voto podría llegar a los 163.020 electores afectados por la medida.

La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ha anunciado también que solicitará al Tribunal Constitucional que admita su personación en el procedimiento para defender «un censo íntegro como garantía electoral». Además, pedirá que se inadmita el recurso presentado por el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, una iniciativa que Ezcurra ha calificado de «maniobra insólita».

«El defensor del pueblo debería defender al pueblo, no al Gobierno», ha declarado la dirigente del PP, quien ha cuestionado la actuación de Gabilondo y ha señalado que se encuentra a un mes de su jubilación. Ezcurra ha advertido asimismo de que una eventual estimación del recurso supondría, a su juicio, «una indefensión absoluta».

La tercera medida anunciada por el PP consiste en denunciar los hechos conocidos en el Consulado General de España en México, donde, según la formación, se habrían concedido pasaportes a personas sin padres ni abuelos españoles. El partido pretende que estos hechos sean investigados y que se determinen las posibles responsabilidades.

Ezcurra ha enmarcado las iniciativas en la necesidad de «defender la democracia» frente a un Ejecutivo de Pedro Sánchez al que acusa de actuar «sin límites» y de «quebrantar» el ordenamiento jurídico.