El Grupo Parlamentario Popular llevará al próximo Pleno del Parlamento de Canarias una iniciativa para defender la libertad de prensa y expresar su rechazo a la elaboración de listados, dosieres o registros de periodistas y profesionales de la comunicación que incorporen valoraciones sobre su ideología, orientación política, posicionamiento editorial o actitud respecto de la acción del gobierno, como se destapó que realizó el Gobierno de Pedro Sánchez.

La iniciativa, impulsada por la diputada Rebeca Paniagua, parte de la consideración de que “la libertad de expresión y la libertad de información constituyen pilares esenciales de nuestro Estado democrático y de Derecho” y recuerda que el artículo 20 de la Constitución Española reconoce el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones, así como a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

“Los periodistas estamos para fiscalizar al gobierno y no para que nos fiscalice el gobierno a nosotros. Eso es más propio de sistemas autoritarios y de dictaduras”, afirmó la también periodista de profesión.

Paniagua, subraya que la existencia de una prensa libre, independiente y plural “constituye una garantía fundamental para el conjunto de la sociedad” y defiende que los periodistas puedan desarrollar su actividad con plena libertad, sin ser objeto de discriminación, señalamiento o clasificación por razón de sus opiniones, su orientación ideológica o la línea editorial del medio para el que trabajan.

“El derecho a la información no se refiere a que los periodistas tengamos el derecho a informar, sino a que los ciudadanos puedan recibir una información libre, veraz y sin ataduras ideológicas”.

La diputada popular hace referencia en la iniciativa a las informaciones publicadas sobre la existencia de un documento elaborado por la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior en el que, según dichas informaciones, se recopilarían perfiles de periodistas y colaboradores de medios de comunicación, incluyendo referencias a su orientación ideológica y a su posición respecto de las actuaciones del Gobierno de España.

En este sentido, Paniagua considera que “el listado resulta, cuando menos, incompatible con los más elementales principios de neutralidad institucional que deben presidir la actuación de cualquier Administración pública”.

“No corresponde a un gobierno democrático clasificar a los periodistas en función de si son más o menos favorables a sus políticas”, sostiene la parlamentaria, quien recuerda que la obligación de las instituciones debe ser “garantizar el acceso de todos los medios a la información pública en condiciones de igualdad, con independencia de sus opiniones, críticas o líneas editoriales”.

Protección a los profesionales

La iniciativa también pone el foco en la protección de los datos personales que puedan revelar la ideología de una persona. Asimismo, el texto señala que la Agencia Española de Protección de Datos habría iniciado una investigación de oficio para determinar la naturaleza, alcance, utilización y base jurídica del documento al que hacen referencia las informaciones publicadas.

Por ello, para el Grupo Parlamentario Popular, la defensa de la libertad de prensa debe situarse por encima de cualquier orientación política o línea editorial. “La defensa de la libertad de prensa no puede depender de la orientación ideológica del periodista ni de la línea editorial del medio. Debe ser un principio compartido por todas las fuerzas democráticas”, concluye Paniagua.