Aarón Afonso y Tamara Raya reclaman resultados y denuncian que CC y PP suprimieron la Dirección Insular de Vivienda, se niegan a reunir al Consejo Insular de la Vivienda y rechazan reforzar el programa BASE 25. La consejera insular comparecerá el próximo viernes en el pleno del Cabildo, comparecencia solicitada por el Grupo Socialista.

El Grupo Socialista ha solicitado la comparecencia en pleno de la consejera de Cooperación Municipal y Vivienda del Cabildo de Tenerife, Sonia Hernández, para que explique cuántas viviendas ha terminado y entregado la institución cuando se acerca el tercer aniversario de la declaración de emergencia habitacional en Canarias. Los socialistas reclaman un balance concreto tras más de tres años de gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular y cuestionan la decisión de haber suprimido la Dirección Insular de Vivienda durante este mandato.

La emergencia habitacional entró en vigor el 20 de febrero de 2024 y cumplirá tres años el próximo febrero. Para el PSOE, el tiempo transcurrido obliga al gobierno insular a rendir cuentas sobre las viviendas disponibles, el presupuesto ejecutado y los plazos de las actuaciones pendientes.

El portavoz socialista en el Cabildo, Aarón Afonso, reclama una respuesta clara de la consejera. «La pregunta es muy sencilla: ¿cuántas viviendas ha entregado el Cabildo desde que se declaró la emergencia habitacional? Queremos saber cuántas familias tienen las llaves y pueden vivir ya en ellas. Ese es el balance que tiene que presentar».

Afonso recuerda que el gobierno insular suprimió en septiembre de 2024 la Dirección Insular de Vivienda que había incorporado a su estructura al inicio del mandato. En aquella misma reestructuración creó una Dirección Insular de Análisis de Estrategias Turísticas.

«Declarada la emergencia habitacional, decidieron eliminar la Dirección Insular de Vivienda. La consejera debe explicar qué planificación había detrás de aquella decisión, cómo se reforzó la capacidad de gestión y qué consecuencias ha tenido sobre la respuesta que necesitaba Tenerife», señala el portavoz socialista.

El PSOE ya cuestionó entonces la supresión y reclamó dotar de personal y recursos la política insular de vivienda, tanto para impulsar un parque público propio como para prestar asistencia a los municipios con menos capacidad técnica.

La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, considera que aquella decisión refleja las prioridades del gobierno insular. «Mientras las familias tienen cada vez más dificultades para encontrar un alquiler, CC y PP eliminaron la Dirección Insular de Vivienda y crearon otra para analizar estrategias turísticas. Esa decisión merece una explicación política, especialmente cuando seguimos esperando un balance claro de las viviendas entregadas».

El portavoz socialista denuncia que la falta de resultados ha ido acompañada de una negativa a escuchar a quienes sufren los problemas de acceso a la vivienda. «Durante más de tres años no han querido sentarse con los colectivos afectados ni con los agentes que intervienen directamente en el mercado de la vivienda. Se han negado sistemáticamente a reunir al Consejo Insular de la Vivienda y no han dado una respuesta eficaz a las dificultades de la gente», señala.

Afonso pone como ejemplo el programa BASE 25 y el rechazo a incrementar su financiación para reforzar la atención a las familias. «Se han negado a ampliar los recursos que permitirían ayudar a quienes no llegan a final de mes para pagar el alquiler y ofrecer apoyo psicológico a las personas que afrontan procedimientos judiciales que afectan a su vivienda. Son situaciones que generan angustia y necesitan una respuesta inmediata», sostiene.

Para el PSOE, la comparecencia debe diferenciar las viviendas anunciadas, financiadas, licitadas y en construcción de las que están terminadas y entregadas. Los socialistas también piden identificar qué actuaciones promueve directamente el Cabildo y en cuáles participa mediante aportaciones a otras administraciones.

«La emergencia habitacional tiene consecuencias todos los días: jóvenes que no pueden emanciparse, familias que no llegan al alquiler y personas con miedo a perder su casa. Necesitamos saber qué soluciones están disponibles hoy y a cuántas personas han llegado», afirma Raya.

Mientras tanto, continúan los lanzamientos judiciales. Según la estadística del Consejo General del Poder Judicial, durante 2025 se practicaron 570 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, de los cuales 439 estuvieron relacionados con procedimientos de arrendamientos urbanos. En el primer trimestre de 2026 se registraron otros 85 lanzamientos en la provincia.

«El Cabildo debe explicar qué recursos está aportando para atender las situaciones más urgentes y cómo se coordina con el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos. La respuesta a una familia que puede perder su hogar tiene que llegar a tiempo», reclama la dirigente socialista.

Afonso defiende que la política insular de vivienda combine la construcción y adquisición de inmuebles con medidas que atiendan las necesidades actuales. «Las familias que no pueden pagar el alquiler o tienen miedo de perder su casa no pueden esperar a que terminen unas obras. El Cabildo tiene que escuchar, coordinarse con los colectivos y reforzar los programas de apoyo que pueden ayudar desde ahora», reclama.

El portavoz recuerda que el PSOE ha defendido la creación de una empresa pública insular con capacidad para adquirir suelo, promover viviendas, terminar inmuebles y gestionar un parque público estable. También ha planteado destinar recursos a la compra de viviendas terminadas o pendientes de finalizar.

«Hemos presentado propuestas para que el Cabildo tenga una política propia de vivienda. Ahora exigimos resultados verificables: cuántas ha entregado, cuánto ha ejecutado y cuándo estarán disponibles las siguientes. Cuando se acerca el tercer aniversario de la emergencia habitacional, la ciudadanía merece respuestas», concluye Afonso.