El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Socialista para reclamar al Gobierno autonómico que aplique íntegramente el Decreto 1/2023 y active el procedimiento que permite facilitar el acceso a la propiedad de determinadas viviendas protegidas de titularidad autonómica y de VISOCAN.

La iniciativa busca poner fin a la incertidumbre de cerca de 10.000 familias que llevan décadas residiendo en viviendas públicas en régimen de alquiler. El portavoz socialista, Sebastián Franquis, defendió que muchos de estos hogares llevan entre 20 y 30 años en estas viviendas, abonando sus alquileres y cumpliendo con sus obligaciones.

Franquis sostuvo que algunos contratos y anexos firmados por el propio Ejecutivo autonómico contemplaban la posibilidad de adquirir las viviendas una vez cumplidos los requisitos establecidos. En este sentido, reclamó que se respete la seguridad jurídica y la confianza generada entre los residentes.

El Decreto 1/2023 establece un procedimiento para facilitar la venta de determinadas viviendas protegidas que permanecen en régimen de alquiler. Entre otras cuestiones, contempla que el Instituto Canario de la Vivienda realice las correspondientes ofertas de venta mediante resolución, identificando las promociones afectadas, los plazos y la documentación necesaria.

La PNL aprobada reclama al Gobierno que haga público qué promociones y viviendas están incluidas en el ámbito de aplicación del decreto y cuál es la situación administrativa de cada una. También pide que los residentes reciban información clara y homogénea sobre sus posibilidades de acceder a la propiedad.

Uno de los puntos destacados por Franquis fue la situación de las viviendas de titularidad de VISOCAN. El socialista recordó que el propio decreto contempla estas propiedades y reclamó que se aplique el procedimiento previsto y que el Instituto Canario de la Vivienda dote presupuestariamente las bonificaciones contempladas en la norma.

El portavoz socialista defendió que la política de vivienda no debe limitarse a la construcción de nuevas promociones, sino que también debe dar respuesta a las familias que ya viven desde hace décadas en el parque público. En este sentido, recalcó que la iniciativa no plantea regalar viviendas ni establecer nuevos privilegios, sino aplicar un procedimiento previsto en una norma actualmente vigente.

La aprobación por unanimidad obliga políticamente al Ejecutivo autonómico a avanzar en la identificación de las viviendas afectadas, informar a sus residentes y activar, cuando se cumplan los requisitos legales, el proceso para que puedan convertirse en propietarios.