La presidenta del Real Casino de Tenerife, Beatriz Barrera Vera, ha solicitado al Ayuntamiento de Santa Cruz que revise de oficio la orden administrativa de cierre que pesa sobre la institución, ante el cambio normativo anunciado para aclarar la exclusión de las actividades privadas de clubes sociales, casinos y círculos de recreo de la Ley de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos.

En un comunicado dirigido a los socios este lunes, 9 de noviembre, Barrera señala que el Consejo de Gobierno de Canarias tiene previsto aprobar durante la jornada un decreto ley que modifica esta regulación, pendiente posteriormente de convalidación por el Parlamento autonómico.

Según el texto trasladado por la presidenta, la aclaración establece que quedan excluidas las actividades propias de estas entidades desarrolladas en sus sedes y reservadas a socios y personas invitadas por ellos, sin apertura indiscriminada al público. Para esas actividades, la entidad sostiene que no resultaría exigible la licencia prevista en dicha ley.

La presidenta considera que la modificación permitirá resolver las dudas interpretativas que han provocado tratamientos administrativos diferentes para una misma realidad asociativa. En el caso del Real Casino, recuerda que la falta de licencia de actividad motivó la apertura de un expediente y una orden de cierre.

Barrera atribuye el cambio a meses de gestiones de la presidencia y de contacto permanente con el Gobierno de Canarias. «Ahora, sólo espero que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife revise de oficio la orden administrativa de cierre contra esta querida institución», expresa.

El comunicado subraya que la exclusión mantiene la obligación de cumplir las condiciones técnicas necesarias para proteger el descanso, la convivencia y evitar molestias a terceros.

La petición abre así un nuevo escenario para la histórica sociedad tinerfeña, aunque el comunicado no anuncia que el Ayuntamiento haya revocado la orden de cierre.