El Sindicato de Trabajadores de los Puertos de Tenerife ha denunciado un “bloqueo injustificado y lesivo” de la actividad industrial en la isla, que atribuye a decisiones adoptadas por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

Según la organización, la paralización afecta a la operativa del buque San Francisco, cuya ubicación en Granadilla se ha visto impedida por la supuesta ausencia de servicios de remolque en Santa Cruz. El sindicato sostiene que esta situación “carece de sustento técnico transparente” y responde a intereses que favorecen el actual modelo de reparación naval en Las Palmas.

La organización advierte de que “80 familias tinerfeñas están siendo las víctimas directas” de esta situación, que consideran consecuencia de una gestión que “parece doblegarse ante las presiones de competidores externos”. En este sentido, señalan a Astilleros Canarios (Astican) como actor dominante en el sector, denunciando un supuesto “boicot operativo” que estaría obligando a desviar actividad fuera de Tenerife.

“Estamos presenciando cómo se torpedea el desarrollo de Granadilla desde dentro”, afirman desde el sindicato, que vincula este escenario a la falta de un remolcador con base permanente y a las dificultades para obtener la licencia de autoremolque, lo que —aseguran— contribuye a “seguir el juego” a intereses ajenos a la isla.

Asimismo, alertan de que esta situación podría extenderse a infraestructuras previstas como el dique flotante, cuyo despliegue temen que también se vea afectado, comprometiendo la competitividad industrial de Tenerife.

El sindicato también ha puesto el foco en la gestión política del conflicto, mencionando la relación pasada del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con empresas del grupo Astican, y criticando la falta de contundencia de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila.

Entre sus principales demandas, la organización exige el levantamiento inmediato de las restricciones al buque, la aprobación urgente de la licencia de autoremolque y una gestión “técnica y neutral” por parte de la Autoridad Portuaria.

El sindicato concluye advirtiendo de que, si no se produce una rectificación que garantice la actividad en Granadilla, se pondrán en marcha movilizaciones y medidas de protesta en defensa del empleo y del desarrollo industrial de la isla.