La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, presidida por el alcalde José Manuel Bermúdez, ha dado luz verde al borrador de la ordenanza para la creación y regulación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que será elevada al pleno municipal de abril para su aprobación inicial.

La iniciativa se enmarca en la estrategia municipal de movilidad sostenible, financiada con fondos europeos Next Generation y dotada con 12 millones de euros. El programa contempla, además de la ZBE, la incorporación de once guaguas eléctricas, la instalación de puntos de recarga y la remodelación de varias vías urbanas.

Bermúdez explicó que “estamos ante el primer paso de un proceso que debe pasar aún por el Pleno”, tras lo cual la ordenanza se someterá a exposición pública “para que todos los interesados puedan presentar las alegaciones que estimen oportunas”. El alcalde añadió que, tras ese periodo, se incorporarán las aportaciones viables antes de su aprobación definitiva.

El regidor subrayó que el documento apuesta por la flexibilidad, “contemplando un proceso de adaptación por parte de la ciudadanía”, incluyendo “un periodo de carencia de 18 meses para la inscripción en el Registro Municipal de Vehículos de la ZBE y de 36 para imponer sanciones”, por lo que “su aplicación efectiva no se hará efectiva hasta 2029”.

Por su parte, la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, destacó que la ordenanza “tiene como fin la mejorar la salud pública de la ciudadanía a través de la reducción de las emisiones contaminantes, de gases de efecto invernadero y el ruido procedente del tráfico rodado motorizado”. Asimismo, indicó que el borrador se ha elaborado “contando con la opinión de los vecinos y de los diferentes sectores económicos y sociales afectados”.

La ZBE se situará en el perímetro interior comprendido entre el Barranco de Santos, Méndez Núñez, San Isidro y la avenida de Anaga. Las restricciones se aplicarán de lunes a sábado, entre las 7:00 y las 20:00 horas, y afectarán únicamente a vehículos de gasolina matriculados antes de 2001 y diésel anteriores a 2006.

No obstante, el proyecto incluye múltiples exenciones y sistemas de acceso, tanto mediante inscripción en el Registro Municipal como a través de autorizaciones específicas, con el objetivo de adaptar la norma a las necesidades sociales, económicas y de movilidad del municipio.