El Tribunal Supremo ha citado como partes demandadas al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que dirige Félix Bolaños, y al Instituto Nacional de Estadística (INE) dentro de la batalla judicial abierta por la incorporación al censo electoral de nuevos ciudadanos españoles acogidos a la denominada Ley de Nietos.

El procedimiento pone el foco especialmente en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y en los mecanismos utilizados para incorporar a los nuevos españoles residentes en el extranjero, así como en los criterios empleados para asignarles municipio y circunscripción electoral.

La controversia ha llegado al Alto Tribunal después de los recursos presentados contra el procedimiento seguido para confeccionar el censo. Los recurrentes reclaman conocer con precisión cuántas personas que han obtenido la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática han sido incorporadas al CERA y bajo qué criterios se ha realizado esa inscripción.

La Junta Electoral Central también forma parte del procedimiento y deberá aportar la documentación administrativa relacionada con el proceso.

El Supremo celebrará el próximo 7 de septiembre una vista en la que estudiará las medidas cautelares solicitadas y los argumentos de las partes.

La batalla judicial coloca así bajo examen uno de los elementos fundamentales de cualquier convocatoria electoral: la composición del censo y las garantías que deben existir para determinar dónde y en qué circunscripción pueden ejercer su derecho al voto los españoles residentes en el extranjero.