El Tribunal de Cuentas ha decidido abrir una investigación para determinar si los salarios abonados con fondos públicos a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por su trabajo en la Diputación de Badajoz estuvieron justificados. El procedimiento también examinará las cantidades percibidas por Luis María Carrero, amigo de Sánchez y también condenado en la causa penal.
La consejera del Tribunal de Cuentas Elena Hernáez ha acordado trasladar las actuaciones a la sección de enjuiciamiento para que se designe un instructor encargado de esclarecer los hechos. En un auto conocido este miércoles por EFE, considera que las denuncias presentadas apuntan a «presuntos pagos carentes de justificación cuya sola posibilidad hacen necesaria la apertura de una investigación para el esclarecimiento de los hechos».
La apertura de estas diligencias responde a las iniciativas de responsabilidad contable promovidas por las acusaciones populares de Iustitia Europa y Vox, que pretenden que se determine si procede exigir la devolución de los importes abonados a los dos trabajadores de la institución provincial.
La investigación se desarrolla de forma independiente al procedimiento penal que afecta a David Sánchez. La Audiencia de Badajoz le condenó a nueve años de inhabilitación para empleo público por un delito de prevaricación administrativa vinculado a la modificación de la denominación de su puesto de trabajo. La resolución judicial se encuentra actualmente recurrida.
En el caso de Sánchez, las denuncias se centran inicialmente en su contratación como coordinador de actividades de los conservatorios de música y en la posterior transformación de esa plaza en la de «jefe de la oficina de artes escénicas». Por su parte, Carrero ocupó el puesto de jefe de sección de coordinación de centros y actividades transfronterizas.
Las cantidades cuya eventual justificación se solicita examinar varían según los escritos presentados. Vox calcula que David Sánchez recibió 280.845 euros entre 2017 y 2024, mientras que el PP eleva la cifra a 416.798 euros, aunque precisa que se trata de una estimación «provisional, orientativa y no vinculante».
Por su parte, Hazte Oír, Iustitia Europa y la Fundación Abogados Cristianos sitúan los pagos en 340.572 euros entre 2017 y 2025, tomando como referencia las cantidades recogidas en la sentencia de la Audiencia Provincial.
La consejera Hernáez ha precisado que la decisión de iniciar la investigación no implica «en absoluto prejuzgar ahora la existencia o inexistencia de responsabilidades contables». El objetivo de esta fase será esclarecer los hechos y determinar, con las garantías correspondientes, si existió un perjuicio a los fondos públicos.
El auto también descarta, por el momento, la petición de archivo formulada por la Diputación de Badajoz. Según la doctrina del Tribunal de Cuentas, el archivo solo procede cuando los hechos no presentan indicios que permitan apreciar inicialmente un posible alcance de fondos o caudales públicos.
