La acusación popular que ejerce Hazte Oír en la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha rebajado de 24 a 13 años la petición de prisión para la investigada de cara al futuro juicio con jurado popular. En el mismo escrito solicita además seis años de cárcel para Cristina Álvarez, asesora de Gómez, frente a los 22 años que reclamaba inicialmente.

El nuevo escrito de conclusiones también plantea la comparecencia de un centenar de testigos durante la vista oral, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La acusación considera que su declaración «interesa en cuanto a su relación con la acusada y la utilización de la Moncloa como ámbito relacional del proyecto». Asimismo, propone como testigos al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al empresario Javier Hidalgo y al empresario Víctor de Aldama.

La reformulación de las penas llega después de que el juez Juan Carlos Peinado trasladara a las partes la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, que avaló que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, descartando otros dos delitos que inicialmente apreciaba el instructor. En el caso de Cristina Álvarez, la Audiencia confirmó que será juzgada por un presunto delito de malversación.

La acusación atribuye a Gómez dos años de prisión por tráfico de influencias, tres años por un delito continuado de malversación de patrimonio público y otros ocho años por un segundo delito de malversación. De forma subsidiaria, plantea una condena de diez años de prisión por un delito de tráfico de influencias en concurso con malversación.

Además de la pena de cárcel, solicita que se le prohíba contratar con el sector público, acceder a subvenciones o ayudas públicas y disfrutar de beneficios fiscales o de la Seguridad Social durante diez años, así como la suspensión de empleo o cargo público durante cuatro años y la inhabilitación absoluta por veinte años.

Respecto a Cristina Álvarez, la acusación pide seis años de prisión al considerarla cooperadora necesaria en la presunta malversación relacionada con el software desarrollado en el marco de la cátedra que codirigía Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

En su escrito, Hazte Oír sostiene que la trayectoria profesional de Begoña Gómez experimentó un «giro radical» tras la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno y cuestiona su nombramiento como codirectora de una cátedra universitaria, al afirmar que «no consta proceso de selección ni la titulación que habilitara su nombramiento».

Asimismo, mantiene que Gómez habría destinado a fines privados el trabajo de Cristina Álvarez, cuya retribución procedía de fondos públicos, y que la dedicación de la asesora a actividades docentes, profesionales y mercantiles de la esposa del presidente fue «una dedicación sistemática y continuada», y no «actos aislados o de mera cortesía institucional».

La acusación también sostiene que el software desarrollado con financiación pública en el seno de la cátedra fue desviado al ámbito privado mediante el uso de marcas, un dominio de internet y una sociedad mercantil, causando, a su juicio, un perjuicio patrimonial a la Universidad Complutense. En este sentido, destaca que Gómez registró la marca «TSC Transformación Social Competitiva» meses antes de la firma del convenio para la creación de la cátedra.

Por su parte, desde el Gobierno, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, afirmó este lunes que el procedimiento «nunca tenía que haber comenzado» y calificó la instrucción de «absolutamente anómala». Aunque señaló que no le parece comprensible que un asunto «tan mediático» sea enjuiciado por un tribunal popular, expresó su confianza en que «la ciudadanía declare su inocencia» y trasladó su «empatía» a Begoña Gómez.

En la misma línea, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, defendió la inocencia de la esposa del presidente y aseguró que la «cacería» contra ella «no da más de sí». A su juicio, la investigación responde a una persecución derivada de «ser la mujer de quien es».