El Gobierno ha decidido retrasar hasta septiembre la aprobación del real decreto ley de vivienda, cuya luz verde estaba prevista para el Consejo de Ministros de este martes, al no contar todavía con los apoyos parlamentarios necesarios para garantizar su convalidación en el Congreso de los Diputados.

Fuentes del Ministerio de Vivienda explican que, pese a las negociaciones mantenidas durante las últimas semanas con los grupos parlamentarios, el Ejecutivo no dispone de los cinco votos de Podemos, formación que rechaza el texto por incluir una reforma de la ley del suelo que, a su juicio, favorece los «pelotazos urbanísticos» y la «especulación».

Ante este escenario, el Ejecutivo ha optado por ampliar el plazo de negociación y centrar el último Consejo de Ministros del curso político en la adopción de medidas relacionadas con la lucha contra los incendios vinculados a la emergencia climática.

Desde el Ministerio de Vivienda sostienen, no obstante, que sigue siendo posible alcanzar un acuerdo que permita aprobar «un ambicioso paquete de medidas que dé estabilidad a quien vive de alquiler e impulse la oferta de vivienda asequible». En este sentido, consideran que «la responsabilidad y generosidad de todos los grupos ha hecho que el acuerdo esté más cerca que en cualquier otro momento de la legislatura», aunque admiten que «la premura en el calendario puede ser un obstáculo para el acuerdo, dada la complejidad del texto».

El borrador del decreto incorpora propuestas planteadas por distintas formaciones políticas con el objetivo de lograr un respaldo amplio. Entre ellas figuran la prórroga de los contratos de alquiler defendida por Sumar, la reforma de la ley del suelo impulsada por PSOE y PNV, incentivos fiscales reclamados por Junts y la suspensión de desahucios planteada por Podemos.

La estrategia del Gobierno ha consistido en elaborar un texto de carácter transversal en el que todos los socios parlamentarios vean reflejadas parte de sus propuestas, aun incluyendo medidas con las que no coinciden plenamente, para facilitar su aprobación en la Cámara Baja.

Las conversaciones cobraron impulso el pasado mes de junio, cuando el Ejecutivo constató una mayor disposición de los partidos del bloque de investidura a negociar ante la creciente preocupación social por las dificultades de acceso a la vivienda.

Uno de los antecedentes que marcó las negociaciones fue la derogación parlamentaria, el pasado 28 de abril, del decreto impulsado por Sumar que prorrogaba durante dos años los contratos de alquiler que vencieran este año y limitaba al 2 % la actualización anual de las rentas. Tras aquella derrota, provocada por el voto en contra de Junts y la abstención del PNV, Sumar flexibilizó algunas de sus posiciones, lo que abrió la puerta a un nuevo proceso de negociación.

El texto que prepara el Ejecutivo contempla medidas dirigidas a contener el precio de los alquileres y aumentar la oferta de vivienda asequible. Entre ellas se incluyen la ampliación de dos años de los contratos que finalicen antes del 30 de junio de 2028, la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones y beneficios fiscales para los propietarios que reduzcan el precio de los arrendamientos.

Además, el borrador prevé elevar al 21 % el IVA aplicado a los alquileres turísticos con el objetivo de desincentivar esta modalidad y favorecer el alquiler residencial. También incorpora, a propuesta de EH Bildu, un endurecimiento de las sanciones a las plataformas que comercialicen viviendas turísticas sin licencia o número de registro, con multas que podrían alcanzar el millón de euros.