La Policía Nacional ha investigado al administrador único y a la directora general de una empresa de tratamientos estéticos y depilación láser por su presunta implicación en una estafa que habría perjudicado a 172 clientes en Tenerife y Gran Canaria. El caso, debido a su alcance, ha sido remitido a la Audiencia Nacional.

La investigación policial ha permitido identificar a un total de cinco personas relacionadas con los hechos, entre ellas los dos principales responsables de la compañía, después de detectar un supuesto sistema mediante el que se continuaban vendiendo tratamientos a pesar de la imposibilidad de prestarlos.

Según la Policía Nacional, los responsables de la empresa seguían comercializando y cobrando servicios de estética y depilación láser cuando ya conocían la grave situación económica que atravesaba la sociedad y las dificultades para cumplir con los compromisos adquiridos con los clientes.

Las pesquisas apuntan a que la empresa acumulaba impagos tanto de alquileres como de nóminas mientras mantenía la captación de nuevos usuarios y el cobro de tratamientos por adelantado o mediante financiación.

Como consecuencia, decenas de clientes abonaron servicios que finalmente no llegaron a recibir. Entre los perjudicados, al menos 40 personas no pudieron disfrutar de ninguna de las sesiones contratadas.

La investigación se inició en octubre de 2025 tras la denuncia presentada por una clienta de una clínica ubicada en Las Palmas de Gran Canaria. La denunciante había contratado varios tratamientos que quedaron sin realizar después del cierre repentino del establecimiento.

A partir de esa primera reclamación comenzaron a recibirse nuevas denuncias de afectados en distintos puntos del Archipiélago, lo que permitió a los investigadores constatar la existencia de un patrón común y ampliar el alcance de las diligencias.

Los agentes concluyeron la investigación con la imputación del administrador único de la empresa y de la directora general, ambos con edades comprendidas entre los 40 y los 50 años, además de la identificación de otras tres personas por su presunta participación en los hechos.

La Policía Nacional ha señalado que el elevado número de perjudicados, la existencia de varias sociedades vinculadas al mismo administrador y la posible presencia de víctimas en otros puntos del territorio nacional han motivado que la causa pase a ser competencia de la Audiencia Nacional.