La investigación judicial sobre el denominado caso Leire Díez ha dado un nuevo giro. La acusación popular, encabezada por el Partido Popular, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que cite como investigada a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, al considerar que existen indicios suficientes para esclarecer su posible papel en las presuntas maniobras dirigidas contra la Unidad Central Operativa (UCO). La petición también se extiende a su antecesor en el cargo, Leonardo Marcos, y al director adjunto operativo del Instituto Armado, Manuel Llamas.

El escrito sostiene que los tres altos mandos podrían haber incurrido, presuntamente, en delitos de prevaricación administrativa, obstrucción a la Justicia, deslealtad profesional y revelación de secretos, al tiempo que apunta a una posible cooperación con la trama investigada. La acusación basa su solicitud en las declaraciones prestadas por varios mandos de la UCO y en los informes incorporados a la causa, que reflejan supuestas órdenes para “ponerse de perfil” en investigaciones con repercusión política.

Uno de los aspectos que más peso tiene en la petición son los contactos mantenidos entre Mercedes González y Leire Díez. Según la investigación, ambas se reunieron en varias ocasiones entre 2024 y 2025. La directora de la Guardia Civil ha reconocido esos encuentros, aunque ha negado de forma tajante que en ellos se hablara de perjudicar a la UCO o de interferir en investigaciones judiciales. También rechaza cualquier participación en una supuesta trama contra la unidad de élite del Instituto Armado.

La decisión queda ahora en manos del juez Santiago Pedraz, que deberá determinar si aprecia indicios suficientes para abrir una nueva fase de la investigación y llamar a declarar como investigados a los tres responsables de la cúpula de la Guardia Civil o rechaza la petición formulada por la acusación popular.