La Fiscalía General del Estado advierte de la presión que soportó el sistema de protección de menores durante 2025 ante la llegada de migrantes no acompañados, especialmente a Canarias y Ceuta. La institución alerta además del riesgo de que esta situación derive en la creación de macrocentros que dificulten la atención individualizada y la integración de los menores.

La memoria anual de la Fiscalía, correspondiente al ejercicio 2025 y publicada este jueves, señala que durante ese año se produjo una “llegada masiva” de menores extranjeros, con las Islas Canarias y Ceuta como principales puntos de entrada. Esta situación llevó a declarar ambos territorios en situación de contingencia migratoria.

Uno de los principales efectos de esta presión fue el incremento de los procedimientos destinados a determinar la edad de personas extranjeras indocumentadas. Durante 2025 se incoaron 7.999 expedientes, una cifra que supone un descenso del 1,73% respecto al ejercicio anterior. Sin embargo, al cierre del año todavía quedaban 3.904 procedimientos pendientes de resolución.

La Fiscalía atribuye este retraso a la “falta de medios personales y materiales para acometer el volumen de trabajo que genera determinar la edad civil de personas extranjeras indocumentadas”.

La institución también considera que el aumento de llegadas plantea un problema en la propia red de protección. En concreto, alerta de “un riesgo de creación de macrocentros con un elevado número de plazas que dificulta el trabajo individualizado con las personas menores de edad, y por ende su integración y desarrollo educativo en España”.

Pese a este escenario, la Fiscalía destaca que la situación experimentó una cierta mejoría respecto a 2024. La memoria constata un descenso de las llegadas, lo que permitió adaptar los recursos de protección a su función socioeducativa y garantizar la cobertura de las necesidades básicas de los menores.

También valora positivamente la coordinación entre las entidades públicas y las autoridades policiales, que, según recoge el documento, han permitido “agilizar su documentación y otorgarles una identidad”.

Descenso de la inmigración irregular

La presión migratoria general también se redujo durante 2025. Según los datos recogidos por la Fiscalía, un total de 17.990 inmigrantes llegaron de forma irregular por vía marítima o a través de las vallas de Ceuta y Melilla, frente a los 24.902 registrados en 2024.

Aunque la cifra representa un descenso “notable”, la institución subraya que “los números arrojados por las estadísticas han continuado siendo muy importantes”.

Ante esta situación, la Fiscalía mantuvo una coordinación permanente con los fiscales de las zonas más afectadas y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad especializadas. El objetivo fue coordinar las investigaciones relacionadas con la inmigración ilegal, especialmente complejas por su conexión con la delincuencia organizada transnacional.

“Las entradas por estos canales irregulares suponen un incremento importante de la actividad y compromisos de los/as fiscales delegados/as de las zonas afectadas y de esta Unidad, pues lleva aparejada multitud de problemas, no solo relativos a implementar lo necesario para perseguir las conductas delictivas de tráfico, sino también para garantizar los derechos de los inmigrantes en los centros de acogida y de internamiento, adquiriendo especial relevancia todas las cuestiones surgidas por el aumento progresivo de posibles menores no acompañados”, señala la memoria.

Más inspecciones en los centros de protección

La Fiscalía también pone el foco en las condiciones de los centros de protección de menores. Los expedientes relacionados con las visitas de inspección a estas instalaciones aumentaron un 7,4% respecto a 2024.

En provincias como Madrid, Barcelona, Las Palmas y Tenerife, la elevada cantidad de centros de protección y de primera acogida, unida a la reducida plantilla de fiscales, obliga a compatibilizar las inspecciones presenciales con las telemáticas para garantizar el seguimiento de las instalaciones.

Otro de los problemas señalados por la Fiscalía es la falta de centros especializados para menores con problemas de conducta. La institución considera “preocupante” esta insuficiencia y apunta que Baleares, Navarra, Toledo, Burgos, Extremadura, Cádiz, Palencia, Guadalajara, Cuenca, La Rioja, Huesca, Álava y Bizkaia carecen de este tipo de recursos.

La ausencia de centros específicos provoca que menores con “comportamientos disruptivos” compartan espacios con otros que se encuentran en procesos de integración educativa, una situación que, según la Fiscalía, “dificultando considerablemente” el trabajo con ambos grupos.

Por último, la memoria reclama un refuerzo de los programas de salud mental dirigidos a niños y adolescentes, tanto mediante recursos residenciales como a través de atención ambulatoria.