El Parlamento de Canarias ha convalidado este jueves el Decreto-ley 5/2026, de 27 de julio, una norma con la que el Gobierno regional busca dar una respuesta más ágil en servicios sociales y dependencia, al tiempo que introduce ajustes en materia fiscal y en la gestión de los fondos Next Generation.La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, defendió el texto en la Cámara y subrayó que las modificaciones, aunque afectan a ámbitos distintos, responden a un mismo criterio: adaptar la normativa a la realidad actual y evitar que rigideces administrativas perjudiquen el interés general.Delgado avanzó que el Ejecutivo ultimará en breve el nuevo Decreto de acreditación de centros y servicios sociales.
El objetivo es modernizar y agilizar los trámites para que los recursos puedan incorporarse al Sistema Público de Servicios Sociales y de Dependencia sin rebajar requisitos de calidad, control ni garantías para las personas usuarias.“ Estamos en un momento en el que hemos conseguido avanzar de manera muy importante en el reconocimiento de los derechos de las personas en situación de dependencia y ahora tenemos que conseguir que esos derechos se traduzcan cuanto antes en atención efectiva”, señaló.
Uno de los datos que justifica el cambio es que alrededor del 60 % de los centros y servicios incluidos en los convenios de dependencia con los cabildos están pendientes de acreditación. La consejera precisó que eso no implica irregularidad ni falta de condiciones, sino dificultades administrativas acumuladas. El nuevo marco, que ya ha pasado por el Consejo General de Servicios Sociales, pretende reducir obstáculos sin menoscabar las competencias de inspección, control y sanción.Fiscalidad y Next GenerationEn el ámbito tributario, el decreto armoniza el tratamiento de los combustibles mezclados con biocarburantes e incorpora expresamente el aceite vegetal hidrogenado.
También mantiene el tipo reducido del 0,1 % en Actos Jurídicos Documentados para determinadas operaciones de las sociedades de garantía recíproca, eliminando el requisito de domicilio en Canarias para alinearlo con la doctrina constitucional. Además, ante la paralización de la producción local, se aplica de forma temporal el tipo cero del AIEM a la importación de dióxido de carbono hasta el 31 de marzo de 2027.
El otro bloque adapta la legislación presupuestaria a los nuevos calendarios de los fondos Next Generation, que permiten que algunas actuaciones se prolonguen más allá de 2026. Delgado insistió en que no se eliminan controles ni se relajan obligaciones: “Simplemente se evita que la propia normativa de las islas pueda convertirse en un obstáculo para ejecutar recursos europeos que Canarias no puede permitirse perder”.