La Guardia Civil investiga a tres personas por vender chalecos antibalas falsificados a más de diez ayuntamientos canarios

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Imagen: Guardia Civil.

Los sospechosos, pertenecientes a una misma familia, gestionaban un establecimiento comercial en La Laguna donde se localizaron 31 chalecos policiales que imitaban una marca original.

La Guardia Civil investiga a tres personas, dos hombres y una mujer de 65, 53 y 36 años, respectivamente, por su presunta implicación en la venta de chalecos de protección balística falsificados en un establecimiento comercial de San Cristóbal de La Laguna. El material habría sido adquirido por más de diez ayuntamientos de Canarias para equipar a sus agentes de Policía Local.

La investigación, desarrollada por agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) de la Sección Fiscal y Fronteras del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, se inició tras recibir información sobre la posible comercialización de estos productos.

Las gestiones policiales permitieron confirmar su venta y llevaron a los agentes a realizar una inspección en los locales y almacenes de la empresa. Durante el registro localizaron, ocultos, un total de 31 chalecos policiales de protección balística falsificados, además de diversas etiquetas de la marca original preparadas para ser colocadas en las prendas.

Según informa la Guardia Civil, los productos presentaban un elevado grado de elaboración y unos acabados que imitaban fielmente los de los chalecos originales, hasta el punto de ofrecer una apariencia de autenticidad que podía inducir a error sobre su procedencia y fiabilidad.

Aviso urgente a los ayuntamientos

Uno de los aspectos más relevantes de la investigación es que más de diez ayuntamientos de Canarias ya habían adquirido este material para el equipamiento habitual de sus policías locales.

Ante el riesgo que podía suponer para la seguridad de los agentes utilizar unos chalecos que no contaban con garantías sobre su capacidad de protección, la Guardia Civil notificó inmediatamente el fraude a los consistorios afectados para que procedieran a retirar los productos.

A los tres investigados se les atribuyen presuntos delitos contra la propiedad industrial, contrabando, falsedad documental y estafa. Las diligencias policiales ya han sido remitidas a la autoridad judicial competente.

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